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Buscando la forma de que la oposición de el visto bueno al convenio de la Ciudad de Buenos Aires con la empresa IRSA, a fin de urbanizar los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, el Jefe de Gobierno de la Ciudad volvió a enviar el proyecto corrigiendo una series de aspectos que molestaban a los legisladores no macristas, entre ellos, la claúsula que pretendía su aprobación antes del 10 de diciembre.
"El nuevo proyecto de ley (2078-J-2011) -que reemplaza al presentado hace apenas dos meses atrás- corrige las cláusulas que pretendían ejercer presiones inadmisibles del Poder Ejecutivo y de los grupos económicos sobre la Legislatura, pero no modifica la esencia del proyecto inmobiliario", expresó el legislador porteño Adrián Camps (Proyecto Sur).
Para el legislador "el debate legislativo, ya libre de presiones, podrá centrarse en las características del emprendimiento y su impacto ambiental, los compromisos que se le pretenden imponer a la Ciudad sobre la costa del Río de la Plata, el Canal de la Reserva Ecológica y la solución para el problema habitacional de la Villa Rodrigo Bueno".
La inversión estimada total de IRSA será cercana a los 900 millones de dólares considerando el desarrollo máximo de superficie a construir y en infraestructuras viales y de servicios se invertirán aproximadamente 140 millones de dólares.
Una alta fuente de Desarrollo Urbano aclaró a Noticias Urbanas que "la propuesta edilicia contempla dos grandes sectores: un área de alta densidad, con parcelas que permiten la construcción de edificios y áreas destinadas a la construcción de condominios. Cuando el barrio se encuentre en pleno funcionamiento, se prevé una población de más de 15.000 residentes y un ingreso o afluencia de no residentes que acudan por motivos de trabajo o visita de más de 12.000 personas".
Mientras tanto desde el bloque del PRO refutaron a Camps con el tema de la cesión de espacio público que generará el mega emprendimiento "El proyecto contempla la cesión gratuita a la Ciudad de 273.255,63 m2, lo que representa el 40.37% de la superficie total del predio. Se trata de un porcentaje histórico en materia de cesión para espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires".
"Estos terrenos -continuaron- se conservarán dentro del dominio público de la Ciudad para destinarlos al uso público para la apertura de calles y avenidas, canales de agua, parques, plazas, plazoletas, boulevar y paseos peatonales que se vincularán con la trama vial existente, generando nuevas calles, equipamiento e infraestructura urbana que se integrarán completamente a la Ciudad con libre tránsito".
El proyecto anterior establecía, en su cláusula tercera, que el convenio perdería validez de no ratificarse antes del 10 de diciembre de 2011 y que la empresa se atribuía el derecho de otorgar a los legisladores una prórroga de 300 días. Mientras que la cuarta imponía que los anexos y la ley no podían ser modificados.
El nuevo texto recoge parte de las críticas opositoras acerca de la necesidad de audiencia pública -establecida por los artículos 89 y 90 de la Constitución Nacional para las leyes que modifican el Código de Planeamiento Urbano-. Además, extiende hasta el año 2013 el plazo para el debate del convenio y la sanción de la ley.
