Glaciares en riesgo: impulsan acción judicial colectiva
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace convocaron a la ciudadanía a sumarse a una acción judicial colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa busca, según sus impulsores, frenar un cambio normativo que consideran regresivo y que -advierten- “pone en riesgo el agua de millones de personas” en todo el país.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma, habilitando modificaciones en el régimen de protección de glaciares y del ambiente periglacial. Entre los puntos criticados se incluye la reducción del alcance del concepto de ambiente periglacial, lo que, para las organizaciones, implica menos áreas bajo resguardo frente a actividades extractivas y de infraestructura.
Asimismo, la nota remarca que la reforma habilita ciertos proyectos mineros y de infraestructura en zonas que antes contaban con mayores restricciones. También cuestiona que se incorporen mecanismos para actualizar el Inventario Nacional de Glaciares con criterios que podrían excluir cuerpos de hielo de menor tamaño, y que se otorgue más margen a las provincias para autorizar actividades en sus territorios.
❄️ Más de 300 mil personas se inscribieron en una demanda colectiva vinculada a la protección de los glaciares en Argentina.
— Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) April 10, 2026
La iniciativa busca resguardar las fuentes de agua del país y se da en el contexto del debate sobre posibles modificaciones a la Ley de Glaciares.
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El integrante de la AAdeAA, Quique Viale, sostuvo que el objetivo es “ir a la justicia” y aseguró que no se resignan a “entregar el agua de los argentinos”. Además, remarcó que la Ley de Glaciares ya había sido vetada en su momento, y que tras ese proceso la voluntad ciudadana habría logrado su sanción nuevamente, advirtiendo que la “seguridad jurídica” invocada por empresas sería una “quimera”.
Del lado de los sectores que respaldaron el cambio, el comunicado periodístico recoge que desde el oficialismo se argumenta la necesidad de “equilibrar la protección ambiental con el desarrollo productivo”. En esa línea, gobernadores y representantes de provincias cordilleranas con fuerte presencia minera señalaron que la normativa anterior generaba trabas excesivas y defendieron un mayor rol provincial en la gestión de recursos naturales, en consonancia con la Constitución.
Pese a ese respaldo, ambientalistas, científicos y asambleas ciudadanas reaccionaron con dureza: consideran que la reforma supone un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua dulce en un contexto de crisis climática. Con ese marco, los organizadores plantean una estrategia judicial para declarar la inconstitucionalidad de la modificación, sosteniendo que el debate se intensificará tanto en tribunales como en la arena política, con tensiones entre desarrollo económico, autonomía provincial y resguardo ambiental.
