Independencia judicial y honorarios profesionales: la defensa de Gil Lavedra

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, declaró el lunes como testigo ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, en el marco de un proceso disciplinario contra un juez civil. La audiencia fue presidida por el consejero César Grau, quien le formuló “alrededor de una decena de preguntas” que el titular del Colegio respondió durante aproximadamente treinta minutos.

Gil Lavedra explicó que había concurrido porque “el magistrado, sistemáticamente, declara la inconstitucionalidad de la ley de aranceles profesionales”. Según describió, esa actitud resulta especialmente grave “y todo ello, pese a que la Cámara, inveteradamente, las ha dejado sin efecto”, en referencia a las decisiones del tribunal superior que revocan de manera constante esos pronunciamientos. Para el dirigente de la abogacía porteña, la conducta del juez excede un planteo jurídico aislado y configura un patrón reiterado.

Tras la audiencia, en diálogo con la prensa, el excamarista que integró el tribunal que juzgó a los comandantes de la última dictadura subrayó que la preocupación del Colegio no se limita a la cuestión arancelaria.

“Vamos a defender la independencia de los jueces y que éstos no sean sancionados por el contenido de sus sentencias”, aclaró, para dejar en claro que la intervención institucional no busca condicionar la libertad de decidir de los magistrados, sino resguardar el respeto a las instancias superiores y al régimen de honorarios de la abogacía. A su lado, su candidata a la presidencia del Colegio Público, Alejandra García, asentía ante cada expresión del experimentado abogado.

En la sala, las instancias del interrogatorio fueron seguidas con atención por otros integrantes del Consejo. Frente a Gil Lavedra, escuchaban con especial interés la consejera Jimena de la Torre y su colega Alberto Maques, ambos representantes del estamento de la abogacía. La presencia de estos consejeros remarcó el carácter institucional del debate, en el que se cruzan el respeto a la jerarquía judicial, la vigencia de la ley de aranceles y el resguardo de las garantías profesionales de quienes ejercen la abogacía.

Hacia el final de su exposición, Gil Lavedra fue más allá de la descripción del caso y formuló una advertencia sobre las consecuencias de la conducta atribuida al magistrado. Señaló que “estamos ante el incumplimiento en acatar las decisiones del Superior, y eso no se puede entender, en la medida en que no proporcionen nuevos argumentos”.

En la misma línea, agregó que “cuando proceden de esa manera, crean incertidumbre, y falta de seguridad jurídica. Es un caso de empecinamiento y de tozudez”, concluyó, dejando planteado que la reiteración de decisiones contrarias a la Cámara, sin fundamentos novedosos, puede afectar tanto la seguridad jurídica como la confianza en el sistema judicial y en el régimen de honorarios profesionales.