La Blunda: “El proceso mismo puede funcionar como una pena"
El viernes, la Legislatura porteña se presentó el Informe Anual 2025 del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura. Durante la actividad, el legislador Andrés La Blunda destacó la importancia de controlar las condiciones de detención y el accionar de las fuerzas de seguridad para garantizar los derechos humanos y el Estado de derecho.
La Blunda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura porteña, participó de la presentación del Informe Anual 2025 del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura (MLPT), junto a la directora general de Derechos Humanos de la Ciudad, Natacha Steinberg; la defensora del Pueblo, María Rosa Muiños; la defensora general de la Ciudad y titular del Ministerio Público de la Defensa, Marcela Millán; y demás integrantes del Consejo para la Prevención de la Tortura.
Durante su intervención, La Blunda destacó que el monitoreo y las recomendaciones emitidas sobre las situaciones de encierro de personas privadas de libertad, así como sobre el accionar de la fuerza pública cuando afecta derechos humanos fundamentales, constituyen herramientas esenciales para garantizar el respeto a las garantías constitucionales y al Estado de derecho.
En ese marco, advirtió que la arbitrariedad en las detenciones constituye una vulneración de derechos humanos cuyas consecuencias no desaparecen con el cierre de una causa judicial. “El proceso mismo puede funcionar como una pena: se castiga mediante la detención y el sometimiento a una causa, aunque después la imputación sea archivada. El archivo no repara por sí solo lo sufrido ni vuelve legítima una detención arbitraria”, sostuvo.
El informe presentado reveló que durante 2025 más de 2.000 personas permanecieron detenidas de manera sostenida en comisarías y alcaidías porteñas, con un pico de 2.530 en abril. La ocupación promedio rondó las 2.400 personas, mientras que el cupo declarado de las alcaidías era de aproximadamente 1.000 plazas. Además, el 62% de las personas alojadas se encontraba bajo prisión preventiva, el 23% no tenía resolución procesal y apenas el 15% contaba con condena firme.
Sobre esta situación, Marcela Millán, defensora general de la Ciudad y titular del Ministerio Público de la Defensa, advirtió: “Hay personas encerradas en las peores condiciones, personas con situación procesal resuelta, con sentencias de condena que no pueden acceder a un régimen de progresividad que les corresponde por su situación de condenadas porque están alojadas en un lugar que no es una unidad penitenciaria”.
Millán recordó que existen resoluciones judiciales firmes sobre las condiciones de alojamiento, pero que todavía no se concretaron todos los traslados necesarios. “La gente tiene derecho a cumplir su detención como corresponde con las condiciones mínimas de dignidad”, afirmó.
Por su parte, María Rosa Muiños, defensora del Pueblo de la Ciudad y titular del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura, expresó su preocupación por la utilización de comisarías como lugares de alojamiento prolongado y por la persistencia de esta situación a pesar de los traslados de detenidos desde Devoto hacia Marcos Paz.
“Nosotros vemos con preocupación que lo que estaba formalizado como una situación de encierro dentro del sistema, por ejemplo Devoto, se traslade a otra jurisdicción, pero no se modifique la situación de los detenidos en comisarías y alcaidías”, señaló. Y advirtió que esto implica tener “mini Devotos”, sin que los vecinos y vecinas conozcan las condiciones de encierro que existen dentro de las dependencias policiales.
Los relevamientos del Mecanismo documentaron hacinamiento, deterioro edilicio, colchones en el piso, deficiencias en la ventilación y dificultades para acceder a la atención médica, la alimentación y el agua potable. También se registró la utilización de espacios no habilitados para alojamientos prolongados.
Otro de los ejes centrales del informe fue el monitoreo de la protesta social y el accionar policial. Durante 2025, el Mecanismo intervino en 50 jornadas de manifestaciones públicas, donde documentó despliegues masivos de fuerzas de seguridad, utilización de gases lacrimógenos, postas de goma y camiones hidrantes, además de detenciones realizadas sin situaciones de flagrancia.
El relevamiento registró 114 detenciones durante la jornada del 12 de marzo de 2025 y más de 120 personas privadas de libertad en el conjunto de 14 de las manifestaciones monitoreadas. También identificó restricciones al trabajo periodístico y lesiones producidas durante las intervenciones policiales, entre ellas la que sufrió el fotoperiodista Pablo Grillo.
En relación con esta problemática, Muiños destacó el trabajo conjunto que realizan el Mecanismo Local, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa durante las manifestaciones.
Explicó que los operativos de monitoreo pueden involucrar entre 50 y 60 integrantes de estos organismos y cuestionó la falta de claridad sobre la intervención de fuerzas federales en territorio porteño.
El informe también presentó datos sobre adolescentes y mujeres en contextos de encierro. Durante 2025 se registraron 2.170 ingresos al Centro de Admisión y Derivación del sistema penal juvenil, de los cuales el 45,8% correspondió a adolescentes no punibles. Además, se relevaron 214 denuncias por malos tratos durante las aprehensiones.
Respecto de las mujeres privadas de libertad, se documentó el crecimiento de la población alojada en dependencias policiales, la ausencia de dispositivos adecuados con perspectiva de género y permanencias de hasta 212 días en espacios concebidos para alojamientos transitorios.
Finalmente, La Blunda destacó la importancia de que la presentación del informe en la Legislatura permita dar seguimiento a las recomendaciones del Mecanismo y avanzar en respuestas institucionales frente a las vulneraciones documentadas.
El legislador remarcó que el monitoreo independiente de las condiciones de detención y del accionar de las fuerzas de seguridad es fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos, las garantías constitucionales y el Estado de derecho.
