La escribana del caso Adorni deberá explicar su rol en la compra de un departamento
La Justicia federal citó a declarar como testigo a la escribana que intervino en la compra del departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue dispuesta por el fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la causa y avanza en distintas líneas para esclarecer la evolución patrimonial del funcionario.
La profesional convocada es Adriana Mónica Nechevenko, quien firmó la escritura de compraventa del inmueble. Su citación, prevista para el 8 de abril, constituye el primer testimonio en el expediente y apunta a reconstruir los detalles legales y financieros de la operación inmobiliaria.
La investigación tomó impulso luego de conocerse que la adquisición del departamento —valuado en 230 mil dólares— se realizó en parte mediante un préstamo privado otorgado por dos jubiladas. Según consta en la documentación registral, ese crédito ascendió a 200 mil dólares, es decir, casi el 90% del valor total de la propiedad.
🚨 URGENTE 🚨 CASO ADORNI:
— FUNDIDOS x MILEI (@FUNDIDOSxMILEI) March 31, 2026
El fiscal Pollicita pedirá la escritura ORIGINAL del depto. q Adorni compró en Caballito. A la justicia NO le cierra q haya comprado un depto q vale más de u$s600.000 a U$s230.000. (1 igual en el mismo edificio se vendió hace año y 1/2 en u$s710.000‼️… pic.twitter.com/QwEDjGsE92
Las dos mujeres que otorgaron el préstamo, además, eran las propietarias del inmueble y figuraron como acreedoras hipotecarias en partes iguales. Sin embargo, ambas manifestaron públicamente no conocer al funcionario, lo que generó dudas sobre el origen y las condiciones del financiamiento, y motivó nuevas medidas judiciales.
En paralelo, los investigadores también analizan otras operaciones patrimoniales vinculadas a Adorni, entre ellas la compra de una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz que figura a nombre de su esposa. A esto se suma que en su última declaración jurada no habría consignado la venta de un inmueble previo, lo que alimenta las sospechas sobre posibles inconsistencias en su patrimonio.
En este contexto, la fiscalía ya ordenó distintas medidas de prueba, como pedidos de información a registros de la propiedad, entidades bancarias y organismos oficiales. El objetivo es determinar si existen activos no declarados o irregularidades en las operaciones, en una causa que tramita bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y que busca esclarecer la situación patrimonial del jefe de Gabinete y su entorno familiar.
