La reforma laboral queda en suspenso: la Corte rechaza el per saltum
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un revés judicial al Gobierno nacional al rechazar el recurso de per saltum presentado por la Procuración del Tesoro. Con esta decisión, el máximo tribunal determinó que la causa sobre la validez de la Ley 27.802 de Modernización Laboral deberá seguir su curso normal a través de las instancias judiciales inferiores, sin intervención directa de la Corte en esta etapa.
La resolución, que lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, declaró el planteo como “inadmisible”. El tribunal argumentó que el pedido no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial para habilitar esta vía excepcional, la cual requiere la existencia de una “notoria gravedad institucional” que justifique saltear los tribunales intermedios.
El Gobierno había impulsado esta herramienta el pasado 16 de abril con el objetivo de acelerar una definición sobre la constitucionalidad de la norma. El Ejecutivo buscaba revertir la suspensión preventiva de más de 80 artículos de la reforma, medida dictada originalmente por un juzgado del fuero laboral a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT).
URGENTE | La Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno en la causa iniciada por la CGT contra la reforma laboral. La causa se encuentra actualmente en trámite ante la Justicia Contencioso Administrativo Federal. pic.twitter.com/cbVpL4eDus
— Palabras del Derecho (@blogdelderecho) May 7, 2026
En su presentación, el Estado nacional había cuestionado con dureza la competencia del magistrado de primera instancia para intervenir en el litigio. Además, la Procuración argumentó que no existía un "caso" concreto ni la legitimación suficiente por parte de la central obrera para promover la acción colectiva que frenó parte de la normativa.
A pesar de los esfuerzos oficiales por obtener una resolución inmediata que blindara la reforma, la Corte Suprema optó por mantener el proceso bajo los tiempos judiciales ordinarios. De este modo, la validez del nuevo régimen laboral permanecerá supeditada a lo que decidan las cámaras y tribunales inferiores en las próximas etapas del proceso.
El fallo representa un freno a la estrategia legal del Gobierno, que pretendía definir de manera directa y rápida la vigencia plena de los cambios en aspectos clave como las modalidades de contratación, las indemnizaciones y los aportes sindicales. Por el momento, la incertidumbre jurídica sobre los puntos cuestionados de la ley se extiende mientras la causa sigue su camino procesal.
