Las rutas de Milei ya tienen tres ganadores: $300 mil millones en peajes
El Gobierno de Javier Milei terminó de adjudicar los primeros 9.000 kilómetros de concesiones viales y el resultado deja un dato que despierta fuertes cuestionamientos: tres grupos empresarios concentrarán alrededor del 60% de la recaudación anual prevista por el cobro de peajes, en un negocio que, según el análisis de los pliegos y datos oficiales, alcanzaría los $518 mil millones por año. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, prepara la concesión de otros 6.000 kilómetros, el Estado mantiene bajo discusión el financiamiento destinado al mantenimiento de las rutas nacionales.
El principal beneficiado sería el grupo Cartellone, que a través de Autovía Construcciones y Servicios y José Cartellone Construcciones Civiles obtendría un negocio estimado en $135 mil millones anuales. Entre los corredores adjudicados se encuentran rutas nacionales estratégicas y peajes como Zárate, Colonia Elía, Yeruá, Piedritas, Ceres y Fernández. El dato que agrega polémica es que José Cartellone Construcciones Civiles SA figura en la central de deudores del Banco Central con una deuda superior a $16 mil millones con el Banco Nación, registrada en situación 5, considerada irrecuperable.
En segundo lugar aparece el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco, que se quedó con un corredor que incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226. La estimación indica que el grupo podría recaudar $128 mil millones por año, convirtiendo a este tramo en el de mayor facturación dentro del nuevo esquema de concesiones.
En tercer lugar se ubicó la unión Basaa-Cecosa, que obtuvo el Tramo Puntano y tendría ingresos estimados en $36 mil millones anuales por los peajes de Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho.
La magnitud del negocio proyectado genera interrogantes sobre el nuevo modelo de administración de las rutas. En total, los concesionarios podrían recaudar $518 mil millones anuales únicamente mediante el cobro de peajes, una cifra que, bajo los cálculos difundidos, representa unos US$343 millones al tipo de cambio oficial. Durante los 20 años previstos en los contratos, el negocio alcanzaría al menos $10 billones, mientras que el Estado recaudaría adicionalmente unos $109 mil millones por año en concepto de IVA.
El aspecto que despierta mayores sospechas en torno al esquema aparece en las condiciones de explotación: los contratos no solo contemplan el cobro de peajes y la actualización periódica de las tarifas, sino que también habilitan a los concesionarios a desarrollar distintas actividades comerciales dentro de las áreas concesionadas. Centros comerciales, estaciones de servicio, restaurantes, hoteles, farmacias, paradores, bancos, centros logísticos y redes de telecomunicaciones forman parte de las posibilidades previstas, previa autorización de Vialidad Nacional. A esto se suma la posibilidad de incorporar nuevos peajes durante el período de concesión.
Así, mientras el Gobierno sostiene que las privatizaciones buscan mejorar la infraestructura y reducir la participación estatal, el nuevo mapa de concesiones plantea una pregunta incómoda: ¿quiénes terminarán capturando los ingresos generados por las rutas nacionales y cuánto terminarán pagando los usuarios? El avance de las privatizaciones, además, ocurre en un contexto de fuertes cuestionamientos por la falta de ejecución de fondos para el mantenimiento vial. El contraste entre el deterioro de las rutas y el enorme volumen de recursos que podría generar el sistema de peajes abre un debate que recién comienza y que promete profundizarse con las próximas adjudicaciones.
