Vegonzoso: la Corte respaldó el decreto que libera la venta de tierras a extranjeros
La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales y dejó sin efecto el principal freno judicial a la venta de campos a extranjeros. La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron la demanda al considerar que la entidad que la presentó no tenía legitimación suficiente.
El planteo había sido impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que cuestionó el artículo 154 del DNU 70/2023 por eliminar la Ley 26.737, destinada a limitar la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. Para la organización, la medida podía favorecer la extranjerización del territorio y la concentración de grandes extensiones en zonas estratégicas.
La Corte evitó pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y concentró su decisión en un aspecto formal: la legitimidad del CECIM para iniciar la acción judicial. “Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”, sostuvo el tribunal, en una resolución que vuelve a dejar desprotegido un tema sensible para la soberanía nacional.
El máximo tribunal también cuestionó duramente a los jueces de instancias inferiores que habían admitido la demanda. “A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, afirmó el fallo.
La organización de excombatientes respondió con dureza y acusó a la Corte de haber “puesto a la Argentina en venta”. El CECIM cuestionó que quienes combatieron en Malvinas puedan “morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal” para protegerla. Según la entidad, el tribunal terminó resolviendo el obstáculo político que el Gobierno enfrentaba por la derogación de la normativa.
La Corte aclaró que su resolución “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023” y que tampoco interfiere con las atribuciones del Congreso. Sin embargo, al revocar el fallo de la Cámara Federal de La Plata, dejó vigente la derogación de la ley y habilitó, en los hechos, un escenario de mayor libertad para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.
