Martínez de Giorgi pidió información a EE.UU. sobre el titular de la ARCA
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso nuevas medidas de prueba en la investigación que tiene bajo la lupa al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión. En ese marco, el magistrado libró exhortos a las autoridades de Estados Unidos para determinar si el funcionario es el verdadero propietario de tres inmuebles ubicados en el estado de Florida, valuados en más de dos millones de dólares.
La decisión judicial responde a un pedido formulado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien sostiene que existen elementos suficientes para avanzar en la pesquisa e incluso indagar a Vázquez por la presunta omisión maliciosa de esos bienes en sus declaraciones juradas patrimoniales. Según la investigación, los inmuebles fueron adquiridos entre 2013 y 2015 a través de sociedades constituidas en Panamá que, posteriormente, quedaron bajo el control de una firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas, donde el actual titular de ARCA figura como beneficiario final.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la PIA, distintos indicios apuntan a que Vázquez mantendría el control efectivo de esas propiedades. Entre las evidencias reunidas figuran pagos de impuestos municipales en Florida realizados por el propio funcionario y su exesposa, cheques de reembolso emitidos a sus nombres y la residencia de sus hijas en uno de los departamentos investigados. Además, el domicilio de Vázquez en Puerto Madero aparece registrado como sede de una de las sociedades vinculadas a los inmuebles.
Los investigadores también detectaron una presunta desproporción entre los ingresos declarados por el funcionario y las operaciones inmobiliarias bajo análisis. Según el dictamen de la PIA, al momento de concretarse las compras Vázquez había declarado disponibilidades líquidas cercanas a los 40.000 dólares, mientras que las adquisiciones inmobiliarias rondaban los 1,1 millones de dólares, una diferencia que motivó la ampliación de la investigación hacia posibles delitos de enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y lavado de activos.
La pesquisa también se extendió a la firma Consultora San Andrés S.A., de la que Vázquez posee el 51% de las acciones junto a su hermana. Para la Procuraduría, la sociedad podría haber funcionado como una estructura destinada a justificar operaciones patrimoniales, ya que no registra empleados y habría financiado la compra de un departamento del funcionario en Puerto Madero. Asimismo, la Justicia analiza la adquisición de un triplex en el complejo Los Molinos Building, cuya escritura refleja un valor considerablemente inferior al de mercado para propiedades similares.
Como parte de las nuevas medidas, Martínez de Giorgi requirió información a los bancos estadounidenses Bank of America, PNC y Wells Fargo para determinar la existencia de cuentas bancarias vinculadas a Vázquez, su familia y las sociedades investigadas. Además, reiteró el pedido a las autoridades estadounidenses para conocer los movimientos migratorios del grupo familiar y solicitó informes a distintos organismos argentinos, entre ellos ARCA, el Banco Central y el Colegio de Escribanos, con el objetivo de profundizar la reconstrucción patrimonial del funcionario.
