Motosierra a la discapacidad: fin de los pasajes gratuitos
El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y generó fuertes cuestionamientos de organizaciones vinculadas al sector.
La medida deja sin efecto un sistema vigente desde 2018, a través del cual el Estado cubría parte del costo de los boletos gratuitos que las empresas debían garantizar por ley. Desde ahora, las compañías deberán absorber esos costos, aunque seguirán obligadas a otorgar los pasajes sin cargo a las personas alcanzadas por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
En el oficialismo defendieron la decisión al sostener que el esquema perdió sentido tras la desregulación del transporte impulsada por la administración libertaria. Según argumentaron desde Nación, las empresas hoy tienen libertad para fijar tarifas y administrar sus servicios, por lo que ya no corresponde que el Estado compense económicamente esos boletos gratuitos.
RECORTE EN DISCAPACIDAD 🚍 El Gobierno nacional dejará de compensar a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes oncológicos y trasplantados.
— 0221 (@0221comar) May 26, 2026
⚠️ La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la… pic.twitter.com/28RePkvdg1
Sin embargo, organizaciones de personas con discapacidad advirtieron que la eliminación de subsidios podría derivar en mayores dificultades para conseguir pasajes. En los últimos años ya se habían multiplicado los reclamos por falta de disponibilidad de boletos gratuitos y denuncias contra empresas que limitaban los cupos o incumplían la normativa vigente.
La controversia se inscribe además en el marco de la denominada “batalla cultural” promovida por el Gobierno, que desde su llegada al poder avanzó con recortes, auditorías y reformas sobre distintos programas sociales. Sectores opositores y asociaciones civiles interpretaron la medida como un nuevo ajuste sobre políticas de asistencia y accesibilidad destinadas a grupos vulnerables.
Frente a las críticas, el Ejecutivo salió a aclarar que el derecho a la gratuidad “continúa plenamente vigente” y que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte deberá controlar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas. Aun así, referentes del sector anticipan un aumento de los conflictos judiciales y reclamos administrativos para garantizar el acceso efectivo al transporte gratuito.
