Nuevo revés judicial: intiman al Gobierno por financiamiento universitario

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó al Gobierno nacional cumplir con lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue firmada por el juez Martín Cormick, quien otorgó un plazo de cinco días para que el Poder Ejecutivo aplique la normativa.

La intimación contempla la recomposición salarial reclamada por los gremios de las universidades nacionales, que estiman en un 32,5% la pérdida acumulada durante los primeros años de la gestión de Javier Milei. Además, exige la actualización de las partidas destinadas a becas estudiantiles y de los programas de asistencia para los alumnos.

La medida alcanza los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 y la recomposición de los programas estudiantiles. El magistrado advirtió que, en caso de incumplimiento, podrían aplicarse “astreintes por cada día de demora”, es decir, sanciones económicas contra el Estado.

El conflicto judicial comenzó a partir del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley a la identificación de fuentes específicas de financiamiento. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar y sostuvo que el incumplimiento podía generar un deterioro salarial grave, con impacto sobre el derecho de enseñar y aprender. La Corte Suprema, a su vez, rechazó el recurso extraordinario del Gobierno y dejó firme la medida.

Aunque el Ejecutivo había firmado en junio un acuerdo con el CIN y los gremios para aumentar la masa salarial, los gastos de funcionamiento y las partidas para hospitales universitarios, las autoridades universitarias consideraron que el convenio no cumplía con todos los requisitos de la ley. El juez Cormick también rechazó el pedido del Gobierno para levantar la cautelar, al entender que no se había demostrado una mejora suficiente en la situación salarial ni la desaparición del peligro generado por la demora.

La resolución se conoce en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y los sindicatos universitarios. Tras el fracaso de la última reunión paritaria, en la que fue rechazada una propuesta de aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, ADUBA y APUBA iniciaron un paro escalonado que se extenderá hasta el 22 de octubre. Además, el 15 de octubre se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales.