Penoso: la mínima cubre apenas el 25% de la canasta del jubilado
La canasta básica del jubilado alcanzó en marzo de 2026 un valor de $1.824.682, según el relevamiento semestral de la Defensoría de la Tercera Edad que coordina el Dr. Eugenio Semino. El estudio registró un incremento del 20,51% respecto de la medición anterior, con una suba absoluta de $310.607,87, y advierte sobre el “deterioro sostenido” de los ingresos de las personas mayores frente al aumento del costo de vida.
El informe, que toma datos de los principales centros urbanos -Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Mendoza, Córdoba y Rosario- desglosa los componentes más onerosos de la canasta: medicamentos por $503.600, alimentación por $410.640, vivienda por $360.150 y servicios por $151.350. Esos rubros, señala la Defensoría, explican buena parte del desfasaje entre prestaciones y necesidades reales de los jubilados.
En ese contexto, la Defensoría subraya que cuatro millones y medio de jubilados perciben la mínima, que hoy es de $369.672,3, y que incluso sumando el bono de $70.000 la prestación apenas cubre “una cuarta parte” de la canasta. El organismo recalca además la situación de otros beneficiarios: la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) se ubicó en $295.680,71 más el bono, y las Pensiones No Contributivas en $258.720,61 más el bono.
La canasta básica para los jubilados llegó a $1.800.000 y cuadruplicó el haber mínimo. Las explicaciones del Ministro Caputo son elocuentes.
— Graciela Ocaña (@gracielaocana) March 13, 2026
Hasta que el país se normalice el ajuste lo pagarán los jubilados y la casta seguirá viajando con sus esposas a Nueva York y Punta del… pic.twitter.com/cZxsf17D5Q
Semino explicó que el relevamiento incluye un rubro de vivienda que combina diferentes realidades -mantenimiento de un inmueble propio, alquiler o la vida en pensiones- y que el capítulo medicamentos considera una canasta amplia con descuentos según la obra social de cada jubilado. Esa metodología, afirma la Defensoría, permite captar mejor la heterogeneidad de gastos que enfrentan las personas mayores en las distintas ciudades.
El documento también traza la evolución histórica de la canasta en 16 años de mediciones semestrales: desde los $2.053 de mayo de 2010 hasta los actuales $1.824.682 de marzo de 2026, lo que, según el informe, evidencia una tendencia persistente de empobrecimiento relativo de los jubilados. Además, critica la respuesta estatal basada en bonos puntuales, que califica como “monedas arrojadas a un pueblo hambriento” y considera ineficaces y contraproducentes.
La Defensoría cierra el informe con una exhortación política: “No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta”. Al recordar que son siete millones las personas jubiladas y pensionadas en el país, el informe plantea la pregunta central sobre la sostenibilidad social y política de un Estado que, afirma, “hunde directamente en la pobreza a más del diez por ciento de su población”.
