Proyecto de ley en defensa de la soberanía nacional

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su preocupación respecto de algunas normas contenidas en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación: "La defensa de la soberanía nacional y la protección de las instituciones democráticas frente a injerencias extranjeras constituyen objetivos legítimos del Estado. Los instrumentos destinados a alcanzarlos deben, al mismo tiempo, respetar los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional", destacaron.

"Desde esta perspectiva, algunas disposiciones del proyecto no son compatibles con los principios de un derecho penal liberal. Algunos de los comportamientos a los que se alude en el proyecto como merecedores de graves sanciones penales o administrativas tienen tal vaguedad e indeterminación que no permiten delimitar con suficiente claridad su alcance. El principio de legalidad exige que las conductas prohibidas estén claramente determinadas, en particular cuando pueden dar lugar a sanciones de considerable gravedad", dijeron desde el Colegio.

Y agregaron: "Esta cuestión adquiere especial importancia respecto de las figuras penales vinculadas con la interferencia en los procesos electorales y las denominadas campañas de “desinformación masiva”. La prevención de injerencias extranjeras no puede traducirse en disposiciones cuya amplitud afecte la libertad de expresión, la circulación de información o la participación en el debate público".

También señalaron que "deben revisarse las facultades previstas para adoptar medidas preventivas antes de que exista una decisión definitiva. La necesidad de actuar frente a situaciones que comprometan la seguridad nacional debe conciliarse con el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva".

El Colegio Público de la Abogacía ratificó su compromiso con el respeto al estado de derecho y las libertades públicas, en especial con la libertad de expresión cuya plena vigencia es esencial en una sociedad democrática.

"La defensa de la soberanía nacional es, desde luego, un objetivo legítimo del Estado. Pero precisamente por la importancia de lo que está en juego, las herramientas que se utilicen deben respetar rigurosamente la Constitución. Nos preocupan especialmente aquellas disposiciones del proyecto que, por su amplitud o falta de precisión, pueden comprometer el principio de legalidad, la libertad de expresión y el debido proceso. La protección de nuestras instituciones democráticas no puede hacerse a costa de las garantías que constituyen su fundamento", expresó Alejandra García, presidenta del Colegio.