Una facturación irregular se suma a la causa Adorni
La causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo eje de investigación tras detectarse que una empleada estatal habría facturado una compra para la casa del funcionario por más de 8 millones de pesos. El hecho está siendo analizado por la Justicia, que busca determinar si hubo uso indebido de fondos públicos.
La investigación, que se encuentra en etapa preliminar, apunta a esclarecer si la compra facturada corresponde a gastos personales del jefe de Gabinete o si fue realizada con fondos estatales, lo que configuraría un posible delito. Fuentes judiciales indicaron que el monto, superior a los 8 millones, llamó la atención de los investigadores y motivó el inicio del expediente.
Según el informe, la empleada estatal involucrada emitió la factura por una compra destinada a la residencia particular de Manuel Adorni, lo que genera sospechas sobre la transparencia y legalidad de la operación. La Justicia analiza además si la funcionaria actuó de manera autónoma o bajo instrucciones de terceros.
Este nuevo episodio se suma a otras denuncias que enfrentan tanto Manuel Adorni como su entorno familiar, elevando la presión sobre el Gobierno para que aclare estos hechos y garantice el cumplimiento de la ley. Desde sectores opositores, se reclama que la Justicia actúe con celeridad y que no existan privilegios para los funcionarios involucrados.
Por su parte, representantes del oficialismo han rechazado las acusaciones, calificándolas de infundadas y parte de una estrategia política para desestabilizar la gestión. Aseguran que se colaborará con la investigación para demostrar la legalidad de los actos.
En los próximos días, se esperan nuevas medidas judiciales para avanzar en la causa, que podría incluir la citación a declaración indagatoria de los implicados y el análisis de documentación contable. La sociedad sigue atentamente el desarrollo del caso, con la expectativa de que se esclarezca la verdad y se respete el principio de transparencia en la administración pública.