El Gobierno porteño aceptó rever convenio con IRSA
Humedales, villa Rodrigo Bueno, la figura Administrador, el camino de sirga, el estudio de Impacto Ambiental, el dragado del canal, la inversión de la empresa en la zona, etcétera. Esos son sólo algunos de los puntos que los representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los miembros de la empresa IRSA tendrán que rever, de firmar un nuevo convenio para que la empresa consiga el aval de la Legislatura para construir el megaemprendimiento Solares de Santa María.
En una reunión informativa de carácter extraordinario, la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, conducida por la legisladora PRO Karina Spalla se debatió este martes en el Salón Jauretche con taquígrafos, vecinos, y legisladores presentes, sobre los principales cuestionamientos al viejo convenio firmado entre la Ciudad y la empresa IRSA.
"Estoy en condiciones de poder informales que el Poder Ejecutivo tiene la voluntad de redactar un nuevo convenio que contemple lo que surja de lo debatido en estos años y en esta reunión especial", dijo la legisladora ante los legisladores Rafael Gentili, Enzo Pagani, Fernando de Andreis, Raquel Herrero, Alejandro Amor, Diana Martinez Barrios, Julio Raffo, Lidia Saya, María América González, Marta Varela, Adrián Camps, Claudio Palmeyro, Cristian Ritondo, Carmen Polledo, Lía Rueda y Rocío Sánchez Andía, quienes se acercaron al Salón Jauretche cerca de las 11 de la mañana.
Una vez dicho esto, y de exponer los antecedentes y detalles técnicos del expediente que se encuentra en tratamiento parlamentario y que según manifestó "si antes del 3 de mayo de 2013 no se realizara la Audiencia Pública, quedaría sin efecto", diversos vecinos de la villa, comuneros, el abogado ex convencional constituyente Pedro Kesselman y hasta un especialista en ecología, opinaron sobre las implicancias del emprendimiento, y manifestaron su preocupación por el impacto ambiental, la exclusión social, el dragado del canal, la reserva ecológica y los humedales de la zona. Cuestiones, todas, por las que vienen bregando desde hace varios años.
El primer legislador en expresar su oposición al convenio firmado fue el representante de Socialismo Auténtico en Proyecto Sur, Adrián Camps, quien se refirió al valor económico que el Estado estaba entregando a IRSA y manifestó su pensar sobre la catalogación del terreno. Además, expuso su preocupación por la Reserva Ecológica.
A su turno, el diputado del FPV, Alejandro Amor, pidió un estudio de impacto ambiental y puso su mirada sobre "el poder que está cediendo el Estado". "¿Por qué el Estado no puede tener participación en este proyecto?, dijo.
Luego, el diputado Julio Raffo (PSur) hizo una serie de apreciaciones sobre los aspectos legales del convenio, los cuales cuestionó duramente.
Y tras él, tomaron la palabra las diputadas Marta Varela, María América González, Diana Martínez Barrios, y los diputados Rafael Gentili y Enzo Pagani.
Por último, sumándose a la mesa, la legisladora de la Coalición Cívica, Sánchez Andía, pidió que se revea el plan de urbanización de la villa Rodrigo Bueno más allá del megaemprendimiento de Solares de Santa María.
Su pedido no lo dejó escapar el legislador PRO Enzo Pagani quien aseguró que "el Gobierno está trabajando en la urbanización de las villas" y, en particular esta, "no se está usando como moneda de cambio".
Cerrando la reunión, Spalla reiteró que lo discutido sería trasladado al Poder Ejecutivo para que sea tenido en cuenta a la hora de redactar un nuevo convenio. Ahora, queda en manos del Jefe de Gobierno de la Ciudad repensar junto a la empresa IRSA la alternativa. Según dicen en el oficialismo, "la voluntad está".
En rigor de verdad, el PRO no contaba con los 40 votos que la ratificación del convenio urbanístico necesita para ser aprobada en la Legislatura, de allí que Spalla pidiera al Ejecutivo, María Eugenia Vidal mediante, que el convenio fuera redactado nuevamente.
