El caso Spaccavento

Puede el gobierno designar un interventor para que cumpla las funciones de director médico? Como medida general, no. De hecho, la letrada de Donato Spaccavento, el director del hospital Argerich que sufrió esa medida de parte del Gobierno porteño, manifiesta que previo a este caso "se registraba una sola intervención de un hospital de la Ciudad en la historia: es el Penna, y por una situación de excepcionalidad. Sólo se deben aplicar (las intervenciones) cuando alguna circunstancia extraordinaria lo amerite, así como ocurre con las intervenciones del Gobierno nacional a las provincias". A partir del mes de diciembre de 2007 parece que asistimos día tras día a un riesgoso límite de muestras de marginalidad legal por parte del actual Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando el jefe de Gobierno no había alcanzado los diez primeros días de gestión, sorprendió a todos con 2400 despidos en la administración pública, los que fueron calificados por los gremios estatales de "ilegales" -basándose en la ley de empleo público de la Ciudad 471 y las Constituciones nacional y local. En aquella oportunidad se fijó el norte de un gobierno con algunas frases o muletillas de alto impacto mediático: "La Ciudad está llena de ñoquis". Más tarde, esa sensación se trasladó como desconsuelo ("El presupuesto no alcanza"), para justificar los recortes (los más dolorosos, los que atañen a la educación). Luego, apareció otro hit de la cosecha macrista, ése que canta: "El Poder Judicial no puede controlar los actos de gobierno porque eso significa intromisión del judicial en el Ejecutivo". Tema con el que también supo brillar Ibarra, el candidato no K. Ni hablar de la cantinela eterna de que "la culpa es de las gestiones anteriores y del Gobierno nacional".

En este momento, sin perjuicio de muchos otros temas de gran trascendencia, el nuevo desafío del gobierno de Mauricio Macri es sostener hasta las últimas consecuencias un nuevo "régimen" de dirección de hospitales de la Ciudad. ¿Cuál es la realidad de la contienda que varios medios de comunicación traducen como un "enfrentamiento personal" entre el Jefe de Gobierno y un magistrado de la Ciudad, el juez Roberto Andrés Gallardo? Noticias Urbanas tuvo acceso a un informe reservado, elaborado por funcionarios cercanos al magistrado, del cual se desprenden conclusiones que cuestionan los argumentos del Ejecutivo porteño.

Primera falacia. El director del hospital Argerich renunció por propia decisión.

Mediante un memo interno, el Gobierno de la Ciudad intimó a los directores de los hospitales a presentar la renuncia a sus cargos, la excusa fue, según dichos tanto de los médicos como de los representantes legales de la Procuración de la Ciudad, que las mismas eran necesarias a efectos de realizar los concursos para las direcciones que estaban siendo ejercidas en carácter de interinas por los directores a cargo. El solo hecho de haber pedido la renuncia por memo interno con carácter de intimación implica una coacción hacia los directores de hospitales. Y según dijera en diálogo con este medio el actual "interventor" del Argerich (quien ejerce, desde hace un año, el cargo de director general del área sanitaria metropolitana número uno), doctor Néstor Pérez Baliño, es que "la de Donato (Spaccavento) no fue la única renuncia aceptada". También se aceptó la renuncia de los directores del hospital Elizalde (aquejado de una enfermedad grave) y del Muñiz (donde el director estaba en edad jubilatoria). En el caso del Argerich, como en el del Elizalde, la razón se basa en dos criterios de "selección": 1) se pedía que el director haya tenido un cargo anterior por concurso; 2) se pedían cursos de administración o maestrías en salud pública por más de 500 horas. Ambos directores no reunían estas dos características, según Pérez Baliño. En el primero de los casos, se trató de una excusa. En el segundo, de una artimaña.

Por otra parte, el argumento de que la renuncia resultaba necesaria para la realización de los "concursos" que el Gobierno pensaba realizar, es absolutamente falso. En casos de cargos que se ejercen en forma interina, sí existen concurso: luego de realizados, en caso de no resultar confirmado quien lo ejerce, éste vuelve a su cargo anterior y a partir de ese momento asume el nuevo director. Es decir, no existe ningún obstáculo legal al respecto. Ello pone al desnudo como posible objetivo real del pedido de renuncia la destitución de los directores actuales para luego justificar su reemplazo, por otros elegidos en el supuesto concurso, que también se encuentra cuestionado judicialmente.

Segunda falacia: se aceptó la renuncia, que el director del Argerich presentó voluntariamente.

Luego de que Spaccavento realizara una serie de denuncias públicas respecto de la falta de insumos en los hospitales y las dificultades para prestar servicio, agravados por el sistema de centralización de compras impuesto por el Gobierno, se le envió una carta aceptando su renuncia de forma inmediata. Se cumplió así el objetivo previsto: eliminar de los puestos clave de los hospitales al primer director médico no alineado con la política del gobierno de turno. Pérez Baliño acepta decir que "Spaccavento es además de un director de hospital, un hombre político, públicamente ligado al kirchnerismo. Y el suyo es un cargo político". Tan político como el de director general del área metropolitana número 1, si se tiene en cuenta que Baliño no fue nombrado por concurso sino nombrado a dedo, probablemente por sus legítimos méritos: ser afín al proyecto político oficial.

La situación judicial

En este estado se presenta Spaccavento ante la Justicia de la Ciudad e inicia una acción de amparo. En la misma, cuestiona el mentado concurso por razones que a su entender, lo tornan ilegítimo. Plantea que la renuncia que se le hizo efectiva es, en realidad, producto de la coacción y que se le ha llevado a presentarla mediante un engaño -lo que además podría ser una estafa-, y solicita que se declare la nulidad del concurso que llevaba adelante el Gobierno y -como medida cautelar- solicita la restitución a su cargo hasta el momento en que la causa se resuelva definitivamente.

Al momento de resolver la medida cautelar, el juez Gallardo, de primera instancia en lo Contencioso de la Ciudad, ordenó la restitución de Spaccavento al cargo, hasta tanto se produjera la resolución sobre el fondo de la cuestión. Tal decisión fue debidamente notificada el día de su dictado al Gobierno de la Ciudad y por ende, debió hacerse efectiva en ese momento. Sin perjuicio de ello, al momento de presentarse el director a reasumir funciones, le fue negada la asunción, medida que surge del acta labrada por escribano en ese momento.

Paralelamente, el Gobierno planteó un recurso de apelación contra la decisión del magistrado y recusó al mismo planteando la figura de enemistad manifiesta. Es decir que hasta tanto la Cámara del fuero resuelva, en su caso en contrario a la medida ordenada por el juez de primera instancia, existe la obligación legal para el Gobierno de la Ciudad de dar cumplimiento a la orden impartida judicialmente. En cuanto a la recusación, también resultó tramitada según el código. El expediente fue remitido dentro de las 24 horas a la cámara del fuero para el sorteo de un nuevo juzgado.

Los hechos

Con fecha 21 de noviembre resuelta la recusación en forma negativa, el juzgado de trámite devolvió el expediente al juzgado de origen con fecha 26 de noviembre, una vez que la cámara remitió copias al juzgado de la sentencia, rechazando la recusación de Gallardo, ante la denuncia de incumplimiento por parte del director actuante, quien además manifestó que el Gobierno porteño había acelerado el concurso cuestionado y que en breve pensaba designar un nuevo director del hospital. El juez resolvió ampliar la medida cautelar y ordenar al gobierno la abstención de innovar respecto del cargo de director médico.

Con fecha viernes 28, subsistiendo "la situación de desobediencia por parte del Ejecutivo local", el magistrado realizó un procedimiento judicial y puso en funciones a Spaccavento dentro del hospital. Se notificó a todo el personal. Con fecha lunes 30 de noviembre, se presentó en el hospital Pérez Baliño, junto a dos sujetos más -uno de los cuales, se supo después, sería ganador del cuestionado concurso, quien manifestó a Spaccavento que se quedaría en el directorio esperando una supuesta orden de intervención, Asimismo, realizó distintas reuniones con personal del hospital, a efectos de socavar la legitimidad del verdadero director, destituido en forma ilegal.

Anoticiado de tales maniobras violatorias de la orden impartida, el juez mandó desalojar a los usurpadores del directorio y dispuso la colocación de custodia policial en el despacho del director. Allí, según relató Pérez Baliño a Noticias Urbanas, no se le permitió el ingreso ni a él, ni al viceministro de salud porteño. Baliño señaló que "de hecho, hoy el hospital tiene un doble comando", por un lado, el que ejerce él mismo en las oficinas del Ministerio, y por el otro, el del subdirector del hospital. Claro que ese doble comando está perfectamente articulado entre esas dos partes.

Con fecha 1 de diciembre, el Ejecutivo presentó un planteo de nulidad de todo lo actuado, basado en que el magistrado no debió expedirse -ni si quiera para hacer cumplir la orden judicial- porque si bien la recusación se había rechazado, ellos no estaban avisados al momento de notificarse la medida. Así, publicaron el decreto 1394/08, por el cual designan con carácter de interventor, a los efectos del ejercicio de la dirección del hospital Argerich, al doctor Pérez Baliño. Entre los argumentos del decreto citan algunos fallos emitidos en el juzgado donde ejerce el magistrado, por los cuales el Gobierno había decidido realizar los concursos, sin perjuicio de que los fallos no tenían relación con el caso ni con el supuesto concurso que convocaron, donde un tribunal, designado por el jefe de gobierno, elige a los nuevos directores de hospitales.

El magistrado ordenó la detención del interventor si intentaba ingresar al hospital, y la remisión al fuero penal de las actuaciones por el delito de desobediencia achacable a la firmante del decreto, la vicejefa Gabriela Michetti, y al "interventor", notificado de la orden judicial. El 5 de diciembre, nuevamente el Gobierno presentó un planteo de recusación contra el magistrado que aún no ha sido resuelto.

El informe judicial al que accedió este semanario es contundente: "Ningún gobierno tiene ni debe tener la sumatoria del poder público, el Gobierno de la Ciudad no tiene facultades para contravenir una orden judicial mediante un decreto ni de ninguna otra forma; debe ser el primero en respetar la norma, y el primero en someterse a la justicia. Quien ejerce el Poder Ejecutivo debe ser el ejemplo del ciudadano, la violación de una orden judicial es un delito".

¿Puede el Gobierno porteño afirmar lo contrario?


(PUBLICADO ORIGINALMENTE EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 166, DEL 11/12/08).