Presiones para tapar la verdad
Los contendientes volvieron a cruzarse feo. La familia judicial está en guerra y la política no es ajena al conflicto. El lunes de esta semana el juez de Instrucción, Eliseo Otero, se declaró incompetente ante la solicitud de la fiscalía de detener a cinco policías federales por torturas y lesiones contra un joven que participó en los incidentes que se produjeron en diciembre del año pasado en el desalojo del ocupado parque Indoamericano, ubicado en Villa Soldati. En esa ocasión murieron tres personas y según las declaraciones de los testigos ante la Fiscalía, las balas que les costaron la vida a los manifestantes provenían de armas utilizadas por los federales.
Con la resolución adoptada por el magistrado a cargo de la investigación, la causa sigue sin hallar a los culpables del suceso y sin que se produzcan detenciones por las muertes. La medida adoptada por Otero se produjo luego de que el fiscal Sandro Abraldes solicitara las detenciones del titular de la comisaría 48, Eduardo Pereyra, del principal Roberto Morales; del agente de la División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas (Doucad) Nahuel Fernández; del agente Facundo Suárez y del cabo de la Montada Patricio Sabah y la indagatoria de otros cuatro efectivos de la Federal en el marco de la investigación de hechos de tortura y abuso policial durante los operativos en torno a la toma del Indoamericano.
Pero una vez más, el juez dijo no. En especial, el fiscal puso la lupa sobre el caso de Emanuel Maximiliano Ríos, quien fue agredido delante de las cámaras de varios canales de televisión. Pese a esos elementos, Otero decidió derivar el expediente al Juzgado de Instrucción Número 47 a cargo de la magistrada Mónica Berdión de Crudo, alegando ?conexidad? con una causa que se trasmita en ese juzgado y en la cual está involucrado uno de los integrantes de la Federal que figuraba en la requisitoria del fiscal. Pero este hecho fue rechazado por Berdión de Crudo, quien se negó a aceptar el complicado expediente que le enviaba su colega.
?Lo que hizo Otero fue volver a planchar la causa, ya que la acción que tomó es una clara medida dilatoria que no hace más que empantanar el caso. Porque debido al rechazo adoptado por la jueza del juzgado 47, deberá decidir la Cámara del Crimen, en este caso el tribunal superior de ambos magistrados, a qué juez le corresponde la investigación de los sucesos del Indoamericano. Es evidente que Otero no quiere tener problemas ni con la Federal ni con ciertos sectores del gobierno kirchnerista y del macrismo, por esa razón rechazó todos los pedidos que le hizo la Fiscalía?, le detalló a Noticias Urbanas un operador judicial que conoce la interna que se viene desarrollando entre Otero y Abraldes.
La fuente consultada por este medio argumentó su afirmación al agregar: ?Otero ya había rechazado el pedido de detención contra el barrabrava de Huracán Julio Cappella, quien a pesar de ser filmado el 9 de diciembre, con un arma de fuego apuntándole a los ocupantes, le dictó la falta de mérito. Al liberar a Capella, el magistrado no tomó en cuenta que éste era empleado de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la junta electoral del Sutecba, hijo de un puntero macrista que trabaja en Boca y sobrino de un funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones contratado cuando Miguel Ángel Toma era ministro del Interior y el ahora presidente del bloque legislativo del PRO, Cristián Ritondo, su segundo?, detalló el abogado.
La decisión adoptada en el caso del barrabrava provocó que Abraldes, quien en los hechos investiga las muertes, lo recusara y pidiera su apartamiento de la investigación. Pero el enfrentamiento entre el magistrado y el fiscal no era nuevo. Con anterioridad a la liberación de Cappella, Abraldes apeló una decisión del magistrado, cuando se declaró incompetente en la causa y derivó las actuaciones a la Justicia Federal.
Esos dos hechos sacaron a la luz la pelea judicial que venían manteniendo el juez y el fiscal del caso del Indoamericano. Finalmente, el fiscal acusó a Otero de no ser imparcial al afirmar: ?La sospecha de parcialidad también se nutre con las expresiones peyorativas y suspicaces del magistrado instructor respecto de la actuación de la Fiscalía y a la prisa (de Otero) por escuchar en indagatoria a Capella, sin siquiera contar con el video que lo comprometía, prontitud a su turno reflejada en la resolución de la situación procesal?.
Sin embargo, el juez destacó que ?el conflicto (del Indoamericano) ha sido de tal complejidad social que resulta imposible calificar la conducta de uno u otro grupo como agresores o agredidos ya que ambas facciones han agredido y se han defendido al mismo tiempo, y ello es un dato incontrastable que resulta de la realidad de los hechos?.
Pero, pese al pedido de recusación que presentó la Fiscalía y al que se había sumado la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, en contra del juez de Instrucción, el miércoles 16 de febrero, la Sala V de la Cámara del Crimen lo ratificó al frente de la investigación. ?La Cámara del Crimen rechazó el pedido de Abraldes por razones políticas y por eso Otero continuó a cargo de la pesquisa?, le señaló a NU un importante integrante del poder judicial.
Ante esta realidad el fiscal volvió nuevamente a la carga y solicitó la detención de los cinco efectivos de la Federal con el resultado ya conocido. ?La policía también movió sus influencias y presionó a la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, para que sus hombres no cayeran?, agregó la fuente antes consultada.
Las movidas políticas y judiciales provocaron que la causa siga en punto muerto y que los culpables de las muertes estén agradecidos.
