Piden que Macri explique el nuevo sistema de multas
En la sesión del último jueves, la Legislatura aprobó un pedido de informes sobre sobre las razones por las cuales se canceló el Convenio con la Universidad Tecnológico Nacional por el procesamiento informático de administración de infracciones de tránsito. Los principales cuestionamientos del pedido de informes están relacionados con la adjudicación por la Contratación de los Servicios Integrales de Procesamiento y Administración de Infracciones, a favor de las firmas VANGENT S.A y BOLDT S.A.
El proyecto presentado por Sergio Abrevaya pone en duda si se han "verificado los antecedentes de prestación de dichas firmas en otras jurisdicciones; si la oferta económica mensual ($937.000) de parte de la UTE (formada por estas empresas) ha sido la de más bajo costo; y si en la provisión de servicios que comprende la digitalización y el procesamiento de las actas de infracciones, expedición de certificados de libre deuda y Registro de Antecedentes para el scoring de conductores, el circuito de información a las empresas responsables de la obtención de actas y la provisión de hardware, software, insumos técnicos, etc. se ha previsto que al término de 48 meses consecutivos todos estos elementos pasen a integrar el patrimonio de la CABA".
Además, el pedido de informes pide explicaciones en relación a qué "Unidad de Auditoría Interna, la Sindicatura General o la Auditoría General verificará el cumplimiento del artículo del contrato vigente que habilita a la Contratista a percibir un 5% sobre la recaudación efectivamente percibida por el Gobierno de la Ciudad en concepto de infracciones de tránsito procesadas".
Por los 48 meses de contrato la Unión Transitoria de Empresas (UTE) recibirá alrededor de 90 millones de pesos más el 5% de las multas que cobre el Gobierno de la Ciudad mensualmente. Esto "configura un alto costo y no queda claro que al finalizar el periodo de servicios, el sistema implementado quede en propiedad del GCBA", fundamentó Sergio Abrevaya.
