Failde en contra de un proyecto de más de 100 millones de dólares
IRSA planea construir el barrio Santa María del Plata sobre el predio denominado como Manzana 20, Sección 96, Circunscripción 21 (Plano de mensura M – 211 - 89 de la Manzana 20). Ese terreno es conocido por ser el que le cedió el Poder ejecutivo nacional al Club Atlético Boca Juniors mediante la autorización conferida por la Ley 16.575 en octubre de 1964.
La firma tiene en sus planes la construcción del barrio Santa María del Plata, con un presupuesto que ronda los 100 millones de dólares. En el proyecto se encuentran las intenciones de fabricar viviendas, hoteles, comercios, teatros y restaurantes.
Con respecto al proyecto, se aprobó un decreto firmado por el ex Jefe de gobierno Jorge Telerman en el cual se aprueba la normativa urbanística particular sobre el predio. En oposición a esta medida el diputado porteño Pablo Failde presentó en el Juzgado Nº 9 en lo Contencioso y Tributario, Secretaría Nº19 a cargo del juez Guillermo Treacy, un amparo para que no se permita el inicio de las obras.
Para el diputado por el Frente para la Victoria el decreto de Telerman “viola flagrantemente el artículo 81 inciso 3° de la Constitución porteña, ya que modifica de facto el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad. El decreto en cuestión avanza sobre las atribuciones del Poder Legislativo al otorgarle al predio denominado “Santa María del Plata” distintas categorías de zonificación, modificando lo estipulado por el Código de Planeamiento Urbano, concediendo la posibilidad de construir torres de hasta 160 metros de altura en una superficie cubierta de 357.976 metros cuadrados”
Failde da una explicación del terreno en su amparo: “actualmente, dicho predio se encuentra bajo la zonificación NE (norma especial) en el Código de Planeamiento Urbano. Por cuanto la zonificación y modificación del Código de Planeamiento Urbano es atribución de la Legislatura de la Ciudad”.
Los terrenos fueron cedidos al CABJ en 1964, quedando bajo el efecto de la Ley 16.575, que contempla que “las obras a realizarse deberán ser aprobadas por la Organización del Plan Regulador y por la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, correspondiendo a esta comuna la fiscalización posterior del funcionamiento de las instalaciones deportivas”.
En 1989 el Congreso nacional autorizó al club a enajenar el inmueble a terceros que cumplan con los objetivos señalados en el artículo 4º de la Ley 23.798. Así es que los terrenos sobre los cuales se proyecta el emprendimiento son del dominio privado.
Frente a estas leyes Failde observa que: “En todo lo demás continúa vigente la Ley 16.575, es decir, en cuanto a que las obras a realizarse deberán ser aprobadas por la Ciudad. Tanto es así, que el 7 de diciembre de 1991 el Concejo Deliberante porteño sanciona la Ordenanza Nº 45.665 mediante la cual fija las normas urbanísticas para el predio”, y continúa mencionando “Debe tenerse especialmente en cuenta que hasta ese entonces la Ciudad no contaba con su Constitución, ni con sus propias leyes y sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional no objetaba la competencia del órgano que ejercía Poder Legislativo de la Ciudad de la entonces Municipalidad para fijar las normas urbanísticas del predio. Tampoco la objetaba el Congreso nacional, ni las objeta actualmente, sino que por el contrario establecía claramente que las obras necesitaban aprobación de la Ciudad”
En consecuencia señala el Diputado: “resulta incomprensible que sea el Poder Ejecutivo de la Ciudad quien pretenda invadir competencias que le están reservadas a la Legislatura porteña”. Y termina denunciando “este emprendimiento implica, además de una irregular modificación al Código de Planeamiento Urbano, una drástica alteración de la zona ribereña de la Ciudad tanto de su tejido urbanístico, como el paisajístico y el ambiental, dado que el proyecto que se autoriza implica la construcción de una ciudad paralela a orillas del río, variando sustancialmente la morfología de la costa de este distrito”.
Por otro lado, diputado K aseguró: "Yo estoy de acuerdo con el desarrollo y las inversiones, pero si las cosas se hacen así los que vienen a invertir atentan contra la seguridad jurídica que reclaman. Porque cualquiera presenta un amparo y se lo frena. Tiene que ver con la potestad institucional del ámbito de discusión".
