Publicado: 09/04/2003 UTC General Por: Redacción NU

Nuevo tackle del PJ al 8 de junio

El Partido Justicialista porteño presentó una nueva acción de amparo ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. De prosperar, hecho que se considera inminente, implicará el corrimiento de la fecha electoral. La presentación hace hincapié en que, por más que el jefe de Gobierno haya derogado el decreto 208/03 que establecía la sujeción de las elecciones locales y de diputados nacionales a la Ley de Simultaneidad, los problemas de fondo siguen estando vigentes
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Redacción NU
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El Partido Justicialista de la Capital, a través de su apoderado legal, Abel Emilio Cardelicchio, presentó una nueva acción de amparo en el juzgado federal de la jueza María Servini de Cubría, con el objeto de que la Justicia impida que el 8 de junio se realicen las elecciones porteñas. De prosperar este recurso -todo parece indicar que así será- será prácticamente un golpe mortal para la cuestionada fecha, ya que si el Poder Ejecutivo decidiera apelar la medida, la causa iría a la Corte Suprema de Justicia, con las demoras que esta nueva instancia implicaría para la resolución de la cuestión.

La jueza Servini de Cubría, este lunes, había suspendido los comicios porteños al entender que no estaban dadas las certezas necesarias para el desarrollo transparente del acto electoral. La magistrada fundó su fallo en la incertidumbre generada por la simultaneidad de las elecciones de autoridades locales y de diputados nacionales, por cuestiones referentes al entrecruzamiento de competencias entre la Justicia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en la fiscalización de los comicios, que generaban, según su entender, situaciones tales como "la existencia de dos registros de electores paralelos, uno a nivel nacional y otro a nivel local".

Horas después de conocer el fallo, Ibarra derogó el decreto 208/03 que establecía la sujeción de los comicios porteños a la Ley Nacional 15.262 de Simultaneidad de Elecciones, que permitía que se votara en una misma mesa tanto a los legisladores y autoridades ejecutivas locales como a los diputados nacionales. De esta manera pretendió dividir legalmente los comicios y evitar la injerencia de la Justicia Nacional en la elección porteña.

En la nueva presentación realizada por Cardelicchio, éste argumentó ante la jueza que el problema de fondo que motivó la suspensión continuaba existiendo más allá de dicha derogación. Entre otras cosas, afirmó que las elecciones, pese a que quedaron separadas en forma legal, se realizarían igualmente el mismo día. También expuso que ni el Tribunal Superior de Justicia ni el Gobierno porteño contaban actualmente con un padrón de electores locales actualizado por la falta de "convenios relativos a la elección" entre la Justicia Nacional -que confecciona el Registro de Electores del Distrito Capital- y la Justicia local.

Además expresó que, aún en la hipótesis de que la Justicia porteña contara con los padrones, los ciudadanos no sabrían dónde formular los reclamos y, si lo hicieran en la jurisdicción nacional, no figuraría tal reclamo en la jurisdicción local y viceversa, precisamente por la falta de entrecruzamiento de información entre la Justicia Nacional y la Justicia porteña.

Otro problema mencionado tiene que ver con el Registro de Electores de extranjeros cuya confección por ley está a cargo de las autoridades locales. Sucede que, a su vez, el Registro de Electores de Ciudadanos -Distrito Capital- es de competencia exclusiva de la Justicia Nacional. Cardellicchio entiende que al no existir convenios electorales entre la Nación y la Ciudad nunca hubo un entrecruzamiento de datos, lo que abriría la puerta la posibilidad de que algunos extranjeros que hubieran obtenido la ciudadanía y figuraran en el Registro de Ciudadanos Electores (de la Nación) siguieran estando incorporados en el de extranjeros (de la Ciudad), con lo cual podrían sufragar dos veces.

Además explicó que el hecho de que en un mismo día se realicen dos elecciones por separado, implicaría una duplicación de mesas electorales (14.000 en lugar de 7.000), con la consecuente necesidad de duplicar los fiscales de las mismas, algo que no todos los partidos estarían en condiciones de hacer. "Sólo un espíritu oportunista y cegado por el poder puede llegar a querer imponer incoherencias de esta índole que perjudican derechos políticos", manifestó el abogado en el escrito presentado.

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