Clases de jurisdicción para los legisladores
La vorágine en la que terminó el año legislativo está dando mucho trabajo al Ejecutivo. En los últimos días el jefe de Gobierno vetó varias leyes que el parlamento porteño aprobó en sus últimas y maratónicas sesiones del 13 y 15 de diciembre de 2010.
En esta ocasión, Mauricio Macri dejó al descubierto los errores que pueden acarrearse por trabajar al límite. En la sesión del 13 de diciembre, en la que se debatieron más de cien iniciativas, la Legislatura aprobó la Ley 3.700 que aseguraba ?la gratuidad de las llamadas que se realizan desde celulares a aquellos números telefónicos de servicios ofrecidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que respondan a las siguientes categorías: a- Números telefónicos de emergencia, b- Números telefónicos de servicios de las áreas de salud y desarrollo social?.
Sin embargo, este tipo de decisiones están bajo jurisdicción del Gobierno nacional. Así lo expresa en sus fundamentos el decreto 41/11 que firmó el Jefe comunal y con el que dio de baja dicha Ley: ?la materia objeto de regulación por el proyecto de Ley bajo análisis es de jurisdicción nacional, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nacional de Telecomunicaciones N° 19.798 y normas concordantes, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como jurisdicción local?.
Como consecuencia de que la prestación de los servicios de telefonía celular se encuentra regida por la normativa nacional vigente, siendo asimismo aplicables las disposiciones contractuales pactadas entre las empresas prestadoras y los usuarios, ?no resulta procedente que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervenga en relaciones jurídicas entre particulares ?en muchos casos, inclusive, ajenos a la jurisdicción territorial de la Ciudad? máxime cuando existe una gran variedad de modalidades de contratación, características, condiciones y costos de los servicios?, agrega.
El proyecto de Ley que aprobó la legislatura en una de sus últimas sesiones ordenaba al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -a través de las áreas correspondientes- a que implementara los mecanismos legales y técnicos necesarios para asegurar, además de la gratuidad de las llamadas, ?el libre acceso desde teléfonos celulares, asegurando que no haya obstáculo alguno que condicione el acceso telefónico desde celulares, como ser la disposición de crédito previo a la realización de la llamada? a los números de emergencia.
Para Macri este punto ?es de imposible cumplimiento, ya que importaría fijar condiciones de prestación del servicio de telefonía celular, materia que excede la competencia local?. "En lo relativo a la gratuidad de las llamadas, ello implicaría la asunción de todos los costos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no se encuentra aprobado a la fecha el Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, por cuanto la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires postergó su tratamiento para el mes de febrero próximo?, sentenció.
