Publicado: 05/11/2008 UTC General Por: Redacción NU

La Justicia rechazó el fallo de primera instancia

En el marco de la causa que investiga irregularidades cometidas en el proceso de contratación de publicidad durante la gestión de Jorge Telerman y la posible "malversación de caudales públicos y fraude al Estado", la Sala I de la Cámara del Crimen resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento de todos los referentes políticos implicados en la investigación.
La Justicia rechazó el fallo de primera instancia
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En el mes de mayo de 2007, el diputado nacional por la Ciudad Miguel Bonasso, presentó una denuncia penal contra el Gobierno porteño ante el Juzgado de Instrucción Nº 13 a cargo de Luis Zelaya, por los delitos de "malversación de caudales públicos y fraude al Estado". Dicha denuncia, en la que se solicitaba que se investigue a Jorge Telerman, Oscar Feito, Sergio Mastropiero, y Diego Santilli. estaba sustentada en presuntas irregularidades en la contratación de publicidad oficial con la empresa Sol Group S. A. (vinculada en las investigaciones del caso Skanska y a la cual Bonasso calificó como "un sello de goma") por un monto de más de 3 millones de pesos. Luego de más de un año de investigaciones, el juez Zelaya solicitó el sobreseimiento de todos los denunciados. Días atrás, la Sala I de la Cámara del Crimen se expidió, rechazó el pedido y anuló la actuación realizada por el magistrado.

"No desconocemos el contexto político en el que la denuncia fue formulada (el proceso electoral del año 2007), lo que es público y notorio, pero como bien dijo el fiscal Sando Abraldes en la audiencia, más allá de la finalidad política -en términos electorales- que ella pudo haber tenido, lo cierto es que se trataba ?y trata? de una grave imputación y que si bien imprecisa y cargada de subjetividad, merecía de una investigación mucho más profunda que la realizada?, sentenciaron Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone.

En el fallo, los camaristas resaltaron que el haber acreditado la existencia de un desvío de 130 mil pesos entre los montos facturados y el dinero pagado por el Estado porteño, ameritaría "otra línea de investigación que debe ser esclarecida".

Si bien los implicados en la denuncia no fueron sobreseidos, tampoco fueron procesados como lo solicitó el fiscal. La investigación continuará.

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