Allanaron el área de Habilitaciones, y van por el SAME
Los diputados nacionales por Proyecto Sur Claudio Lozano y Liliana Parada le solicitaron esta mañana a la justicia que allane las oficinas centrales del SAME, a fin de corroborar si esta dependencia porteña se negó deliberadamente a prestar servicios de primeros auxilios a Humberto Ruiz, habitante de la villa 31 que falleció el martes por la noche.
El pedido se fundamente en las declaraciones de la familia de Ruiz, que sostiene que tras varias llamadas al 107, ningún móvil sanitario se hizo presente, lo que desembocó en la muerte del hombre.
La presentación fue realizada a primera hora de hoy ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2, a cargo del Dr. Roberto Andrés Gallardo, magistrado que lleva la causa que unificó el conjunto de denuncias a partir de las cuales se investiga al SAME por las reiteradas negativas a atender a los habitantes de las villas y asentamientos porteños.
En el año 2007, el Juez Gallardo ya le había ordenado al Gobierno porteño que cumpliera con los servicios de emergencia en toda la ciudad, orden que fue apelada en todos los fueros posibles por ejecutivo. Y en el mismo sentido se había expresado la Defensoría de la Ciudad a inicios de este año.
Sobre el pedido de allanamiento, Parada sostuvo que ?el gobierno porteño debe dar una respuesta a la falta de atención primaria en los barrios populares. Esta vez fue en la villa 31, pero esto es una constante, los habitantes de las villas porteñas su mueren tirados en la calle porque tanto el Ministro de Salud, Jorge Lemus, y el de Seguridad, Guillermo Montenegro, se niegan a cumplir con la ley, uno negando la entrada del SAME y el otro no garantizando que la Metropolitana custodie los móviles sanitarios?.
PAGAR PARA ABRIR
Mientras se espera que la Justicia se expida sobre el pedido de los diputados, la cuestionada División de Habilitaciones de la Ciudad ya fue allanada, luego de que un empresario denunciara que para poder habilitar un boliche en el barrio de Floresta, le habían pedido 120mil pesos de coima.
El empresario había comenzado los trámites en el 2006. Y, cuando concurrió en persona al organismo porteño para saber por qué había tanta demora, un empleado le pidió 120mil pesos de coima para otorgar los permisos que trataba de conseguir desde hace ya 4 años.
Ahora, se secuestró el expediente en cuestión y otras documentaciones para investigar en torno al hecho de corrupción.
La repartición, ya estaba en tela de juicio desde el año pasado cuando sucedió la tragedia del Boliche Beara en el que murieron dos adolescentes y que había sido habilitado de manera discrecional pese a que inspectores notificaron previamente que el lugar no estaba apto.
A esto, se sumó la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, que señaló la carencia de inspectores y también, la falta de preparación que tenían quienes integran ese cuerpo.
