Maratónica sesión en la Legislatura

En el primer tramo de la sesión de hoy, la Legislatura sancionó por unanimidad una ley promovida por la diputada Patricia Walsh (Nueva Izquierda) que establece la extensión del Programa de Detección Precoz del Cáncer Génito Mamario y Enfermedades de Transmisión Sexual (PRODEGEM) a toda el área de Atención Primaria de la Ciudad.

Los Centros de Salud y Acción Comunitaria y los Centros Médicos Barriales deberán brindar atención ginecológica a cargo de un equipo de salud idóneo que incluya ginecólogos/as y anatomo-patólogos/as, contando con personal profesional y administrativo necesario y con los insumos requeridos para realizar los exámenes de papanicolao y colposcopía. El servicio deberá funcionar de lunes a viernes en ambos turnos.

En tanto, el Ministerio de Salud proveerá en forma gratuita la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (HPV) en los casos en que los/as profesionales del PRODEGEM prescriban su aplicación.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo deberá realizar con periodicidad anual una campaña informativa articulada entre las áreas específicas de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social.

También, fue sancionada unánimemente la Ley que crea el "Plan Marco de Políticas de Derechos y Diversidad Sexual" que tendrá por finalidad "promover la construcción de una ciudadanía plena, sin discriminación con pretexto de la orientación sexual o la identidad de género de las personas".

La norma votada establece la realización de una serie de acciones destinadas a erradicar la discriminación y remover obstáculos que limiten el ejercicio de derechos de las personas, entre ellas: campañas de difusión; la puesta en funcionamiento de servicios de atención, información, orientación y asistencia al conjunto de la población sobre Diversidad Sexual; fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales que trabajen la temática; impulso de iniciativas y reformas institucionales y legislativas; relevamientos e investigaciones, etc.

También deberá crearse el Consejo Consultivo Asesor Honorario, integrado por legisladores, representantes de Universidades Nacionales y representantes de ONGs reconocidos por su defensa de los derechos de personas LGBT, con actividad en la Ciudad de Buenos Aires.

Fueron autores del proyecto, los diputados Juan Cabandié (Frente para la Victoria) y Gonzalo Ruanova (Diálogo por Buenos Aires).

Se aprobó otra Ley crea el Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios mediante el cual se otorgarán módulos nutricionales, de acuerdo con las prestaciones que cada uno realice y subsidios semestrales para el sostenimiento de la actividad de los grupos. Además se realizarán acciones de orientación, capacitación y apoyo técnico para lograr su correcto funcionamiento y resultados eficientes.

La ley estipula una serie de obligaciones para que los Grupos accedan a los beneficios y permanezcan dentro del programa, entre ellas: "presentar ante el organismo responsable un proyecto anual en el que se incorporen los objetivos y tareas que desarrollan y los recursos necesarios para su implementación"; "desarrollar actividades de promoción e integración social y comunitaria"; presentar cuatrimestralmente un listado actualizado de beneficiarios, clasificados por edad y tipo de prestación que reciben; realizar la rendición de los subsidios; y contar con libreta sanitaria.

Una Mesa de Trabajo, Participación y Consenso, con representación de los Grupos Comunitarios y autoridades del Poder Ejecutivo de la Ciudad será conformada para promover la creación de redes de trabajo entre los grupos comunitarios con el objeto de "impulsar una mayor articulación entre ellos, potenciar su organización y fortalecer la construcción y consolidación de una cultura solidaria".

Las diputadas Luciana Blasco, Silvia Majdalani y María E. Rodríguez Araya y el diputado Néstor Abbas, integrantes del bloque PRO fueron autor/as del proyecto.

El Cuerpo aprobó, además, la Ley de Implementación de Lactarios en las Instituciones del Sector Público, cuya iniciativa fue de la Diputada Victoria Morales Gorleri (PRO). Dichos lugares, donde trabajen 20 o más mujeres en edad fértil, deben contar con un ambiente digno para que las madres en período de lactancia puedan extraer su leche materna y se asegure una adecuada conservación de la misma.

Las instituciones públicas deberán tener un ambiente acondicionado que brinde privacidad, con una mesa, sillón y una heladera y que cuente con un lavabo. En los próximos 180 días a partir de la vigencia de la ley deberán implementar los lactarios. Se invita además al sector privado a acogerse a la ley.

Entre los fundamentos se destaca que "existe una recomendación de salud pública mundial, durante los seis primeros meses de vida los lactantes deberían ser alimentados exclusivamente con leche materna. Con esta medida, se promueve la lactancia materna, se asegura un derecho primordial de las madres trabajadoras, se contribuye a la adecuada nutrición de la primera infancia y se busca conciliar las actividades laborales con la maternidad".

También fue aprobado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo porteño a la Legislatura, que establece por 6 meses más la protección de los edificios históricos, ampliando su alcance a la totalidad de la Ciudad de Buenos Aires. El diputado de PRO, Patricio Di Stefano, miembro informante del proyecto dijo: "Esta nueva propuesta de nuestro espacio multiplica por 100 la protección a los edificios históricos, llevándola a toda la ciudad. Esto viene a poner blanco sobre negro cuál es el grado de compromiso real que tiene nuestra gestión de gobierno con el patrimonio arquitectónico, con el patrimonio cultural y con la identidad de los barrios."

PRÓRROGA

Los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron también la prórroga de la Defensora del Pueblo de la Ciudad, y de los defensores adjuntos, hasta tanto se apruebe la designación de los nuevos representantes del organismo. (Se estima que sucedera en las próximas 2 semanas).

ADEMÁS...

Se sancionaron esta tarde tres leyes vinculadas a la defensa de los derechos de consumidores y usuarios en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Por una de las normas se creó el ?Sistema arbitral de consumo de la Ciudad?, iniciativa de la diputada Ivana Centanaro (FPV), con texto consensuado y aprobado por mayoría simple.

La ley "tiene por objeto atender y resolver con carácter vinculante y produciendo idénticos efectos a la cosa juzgada para ambas partes, los reclamos de los consumidores y usuarios, en relación a los derechos y obligaciones emergentes de la ley 24.240 y su modificatoria 26.361, ley 22.802 y disposiciones complementarias, así como de todas las normas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto sea la protección al consumidor y usuario. El sometimiento al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá carácter voluntario y deberá constar ! por escrito.", expresa el art. 2.

No podrán someterse a proceso arbitral las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, y las que puedan dar origen a juicios ejecutivos; así también aquellas cuestiones que con arreglo a las leyes no puedan ser sometidas a juicio arbitral, aquellas otras de las que se deriven daños físicos, psíquicos y/o muerte del consumidor y las que por el monto reclamado queden exceptuadas por la reglamentación.

Los Tribunales Arbitrales de Consumo se integrarán con tres vocales, asistidos por un secretario. Uno de los árbitros será elegido entre los propuestos por las asociaciones de consumidores, el otro entre los propuestos por las asociaciones empresariales, y el tercer miembro será designado entre los inscriptos en el Registro de Árbitros Institucionales, es decir, entre aquellos abogados con experiencia en la materia y en métodos alternativos de resolución de conflictos, que además tengan cinco años de ! ejercicio de la profesión como mínimo.

La norma especifica que contra el laudo arbitral emitido por el Tribunal sólo podrán interponerse el recurso de aclaratoria y la acción de nulidad. El Ministerio de Desarrollo Económico del GCABA como autoridad de aplicación deberá abrir, para los proveedores de bienes y servicios interesados, el Registro de Oferta Pública de Adhesión al Sistema.

El art. 22 contempla que "En caso de que el proveedor reclamado no se encuentre adherido a la Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad, se le notificará de la existencia de la solicitud de arbitraje admitida por la autoridad de aplicación. Aquel deberá aceptar o rechazar el arbitraje solicitado dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la notificación. En caso de aceptarlo, deberá suscribir el convenio arbitral correspondiente y designar el árbitro de su sector dentro del citado plazo. Si el proveedor rechazara formalmente la solicitud o no se pre s! entare a suscribir el convenio arbitral dentro del plazo establecido, se dará inicio a las actuaciones administrativas ante la autoridad de aplicación de la ley 757 (BOCBA N° 1613)", es decir el Ministerio de Desarrollo Económico del GCABA.

La creación de estos Tribunales es un avance importante en lo que hace a la defensa de los consumidores y usuarios por constituir un método alternativo de resolución de conflictos en esta materia, que garantiza el acceso a la justicia de las partes involucradas en la relación de consumo.

"Peligro inflamable"

Otra ley sancionada hoy dispone la obligatoriedad para los fabricantes y/o comerciantes de la advertencia "Peligro inflamable. Mantener esta prenda alejada del fuego y/o fuente de calor? a las prendas que contengan fibras sintéticas destinadas al uso de bebes y niños.

Oportunamente las autoridades del Hospital de Quemados por encargo del Ministerio de Salud de la Ciudad sugirieron en un info r! me que al Estado le corresponde fiscalizar que las ropas que se fabriquen o importen sean ignífugas o que por lo menos lleven una advertencia sobre el carácter de inflamable, en particular en el caso de la ropa de cama o de las prendas para dormir que, habitualmente suelen ser de nylon, plush de nylon y otras.

La propuesta de la diputada Marta Varela (PRO) había obtenido dictamen favorable de las Comisiones de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo y, de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Empresas de servicios técnicos

Finalmente por otra ley, autoría de la diputada Alicia Bello (FPV), se reguló la actividad de las empresas prestatarias de servicios técnicos que operan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

En virtud de esta norma las empresas que tengan sucursales en la Ciudad deberán asegurar la prestación de los servicios técnicos como mínimo de lunes a sábado entr e! las 7 y las 20 horas; además deberán ofrecer la posibilidad de pautar la realización del servicio técnico en un día y horario predeterminado; y salvo pedido expreso del usuario o consumidor, la fecha pautada para la prestación del servicio técnico no podrá exceder las setenta y dos horas de realizada la solicitud. En ningún caso se podrán pautar franjas horarias mayores a tres horas. La ley entonces pretende reducir las demoras en la atención de los reclamos y, ampliar los días y horarios en que se prestan los servicios técnicos.

Con esta decisión los legisladores tienden a llenar el vacío normativo de la ley 2.475, que reglamentó el servicio de atención telefónica de las empresas prestatarias de servicios que operan en el ámbito de la Ciudad, dando lugar a que muy frecuentemente demoren varios días en realizar las reparaciones o verificaciones. "Peor aún, -se afirma en los fundamentos- las franjas horarias programadas para concurrir al domicilio de los consumidores son extremadamente amplias y se superponen con los horarios habituales de oficina. En consecuencia, quienes trabajan se ven en la necesidad de posponer la visita del técnico hasta el fin de semana, solicitar permisos en su trabajo o acordar con algún conocido que pueda permanecer en su domicilio durante toda la jornada".