Publicado: 11/09/2009 UTC General Por: Redacción NU

La vendetta azul

A palazos, detenciones y zonas liberadas, la Policía Federal avanzó sobre quienes vienen socavando el sistema de coimas que cubre la trata de personas, el tráfico de drogas y la explotación infantil.
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Redacción NU
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?Todo esto tiene vuelto.? Es una frase hecha que, viniendo de una autoridad policial, tiene su significado particular. Los ataques a las dos organizaciones sociales que vienen boicoteando negocios ilegales quedaron a la vista en tres oportunidades a lo largo de un mes. Todos filmados y con Noticias Urbanas como testigo. Desde hace un año La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) vienen denunciando y escrachando redes de prostíbulos. Una de ellas es la red que rodea al Departamento Central de la Federal en Montserrat, por cuyo accionar aquellas organizaciones acusaron, junto a una decena de diputados nacionales de diversas bancadas, al entonces ministro y hoy jefe de Gabinete Aníbal Fernández. También al jefe de la Federal, Néstor Valleca. Además de la esclavitud de mujeres y niñas, las organizaciones mostraron mediante cámaras ocultas que en los prostíbulos se comercializa cocaína. Estos locales tramitaron su habilitación ante el Gobierno porteño bajo la fachada de bares o whiskerías.

El 10 de julio, La Alameda recibió un ataque de tipo paraestatal ?del total de 14 que lleva en su historia?, en el quecasi le cuesta la vida a su referente, Gustavo Vera. Ese día, los palos, piedras y botellazos alcanzaron su cabeza. La pericia médica señaló que uno de los golpes no lo mató por dos centímetros. La banda de los talleristas, que comanda Alfredo Ayala, tenía la intención de impedir la inspección laboral que iba a demostrar que una familia era esclavizada y una menor, abusada, en un taller textil que proveía a la marca Kill, a dos cuadras de la Seccional 40ª. Esa noche, los efectivos policiales y la unidad fiscal de rescate a las víctimas de trata (Ufase) ?que dependen del Gobierno nacional? no intercedieron. Los capataces de los talleres clandestinos ?liderados por Ayala? atacaron la sede de La Alameda, aprovechando que la ONG escrachaba una red de prostíbulos en el microcentro y la Federal no le permitía regresar.

El ataque de julio tenía su razón de ser, tanto para las marcas como para la Policía Federal. Además de denunciar a la Comisaría 40ª por recibir coimas de algunos talleres (se habló de unos 40 mil pesos), La Alameda estaba socavando a estos últimos su sustento: las maquinarias. En la inauguración del Polo Textil ?con cabida para 200 costureros cooperativistas? estaban funcionando las tejedoras computarizadas que la Justicia federal confiscó a un esclavista. Ese era límite del crimen organizado. Y fueron decididos a marcarlo con sangre.
Por su parte, los cartoneros del MTE habían hecho un camino semejante: boicotearon cajas ilegales y recibieron escarmientos. Cansados de aportar a los hombres de azul el 30 a 35 por ciento de su trabajo, ocuparon tres comisarías. ?Las seccionales cobraban 120 pesos por semana a cada parada de los camiones de cartoneros. Todo eso lo cortamos, y no tiene razón de ser gracias a un programa de reciclado del Gobierno porteño que cuenta con dos mil cartoneros.

Entonces se le cayó una caja que incluye las siguientes comisarías: 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 19ª, 31ª y 32ª?, reveló Juan Grabois en una charla que dio junto a Vera ante cien economistas en la UBA.

El programa de reciclado al que se refirió Grabois estuvo hasta este año en manos de las empresas de recolección de basura. ?El Estado porteño perdía 70 millones de pesos al año por reciclar lo mismo que hacían los cartoneros en un día y medio. Esto lo avalaron funcionarios de las gestiones progresistas, de Macri y Greenpeace, hasta que lo denunciamos. Ahora, 1.800 personas están con obra social, jubilación, uniformados y evitando que dos personas mueran al mes por viajar en los camiones con el cartón. En tanto que 200 menores ya no trabajan y son atendidos en comedores?, dijo Grabois.

Los jerarcas de la Federal se ensañaron con el MTE. Una semana después del ataque a La Alameda, también de noche, se montó un operativo con diversas comisarías en zona de jurisdicción de la Comisaría 10ª, en Boedo. Se reprimió y detuvo a los cartoneros que se habían solidarizado con un carrero ?cartonero a caballo? que era golpeado frente a sus ojos en plena calle. El saldo fue una cartonera embarazada que tras los golpes recibidos perdió a su hijo, y otros tres detenidos con causas en la Justicia.

El tercer episodio de violencia los alertó. En el desalojo del centro cultural de Almagro, el 12 de agosto, la represión y las detenciones corrieron por cuenta de Guillermo Sodini, el comisario inspector que dirige tres comisarías ?7ª, 8ª y 9ª?. Esa noche, la ley de la Federal, que aplicó Sodini ?ex comisario de la 38ª del Bajo Flores?, y la avanzada judicial, con el fiscal Walter López a la cabeza, se mostraron más crueles que antes. Una veintena de militantes, entre ellos docentes y los principales dirigentes del MTE y La Alameda, quedaron encerrados desde las 23.30 hasta las 8.30 del otro día. En plena Av. Medrano, el operativo contó con 100 policías, infantería y grupos especiales. Después, en la Comisaría 9ª vendrían las figuras kirchneristas solidarizándose, como Julio Piumato, y los comunicados de organizaciones K hablando de la mano de Macri en la represión, algo que desmintieron quienes sufrieron el ataque.

El abogado Rodolfo Yanzón, defensor de los militantes acusados, relató a este medio que ?hubo amenazas de agresión de los policías cuando se salía pacíficamente del centro cultural. Además, creemos que el procedimiento fue ilegal. Por un lado, el fiscal Walter López interviene en Almagro cuando está destinado a la zona sur, y encima el expediente recién llega a verlo, él mismo lo reconoce, dos días después. Estos datos, y que el supuesto dueño construyó una pared en la puerta del centro cultural, son suficientes para pedir la nulidad de la causa?.

La Alameda y el MTE volvieron a denunciar. El lunes 31, frente a la plaza Miserere, junto a familiares de las víctimas de Cromañón y vecinos de Once, escracharon Textirama, el nuevo emprendimiento textil de Rafael Levy, dueño del boliche incendiado, que se levanta a metros de donde ocurrió la tragedia. Mientras que el viernes 4, en plaza Constitución, el cardenal Jorge Bergoglio repudió a los coimeros, clamando por seguir ?la lucha sin miedo para terminar con la esclavitud?.
La Ciudad puede dejar de ser un pandemonio.

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