Advierten sobre graves problemas en el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz
El legislador porteño del peronismo en la Legislatura porteña y comisionado del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, Andrés La Blunda, participó de una inspección junto a organismos de control penitenciario. Cuestionó la magnitud y velocidad de los traslados, advirtió sobre la afectación de derechos básicos y señaló que la crisis de alojamiento en comisarías y alcaidías porteñas continúa siendo crítica.
El lunes, Andrés La Blunda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura porteña y comisionado del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, participó de una inspección al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz junto a representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).
“El traslado de aproximadamente 1.541 personas privadas de libertad, de las cuales 1.091 estaban alojadas en Devoto, en tan pocos días exige una planificación muy cuidadosa. Este proceso debería haberse desarrollado de manera más escalonada y progresiva, garantizando condiciones adecuadas de alojamiento y el respeto de todos sus derechos”, señaló La Blunda.
Durante la inspección, se identificaron dificultades relacionadas con la entrega de pertenencias y medicamentos, la continuidad educativa, el acceso de las familias al establecimiento y denuncias de posibles hechos de violencia durante los traslados.
Uno de los principales problemas fue la demora en la entrega de pertenencias personales. Algunas personas, trasladadas hace más de una semana, aún no habían recuperado su ropa, elementos de higiene y objetos de uso cotidiano. Esto las obliga a permanecer varios días con la misma vestimenta, sin insumos para su higiene y la limpieza de los pabellones, además de dificultar la preparación de alimentos.
“Un traslado de estas características no puede significar que las personas permanezcan durante días sin ropa, elementos básicos de higiene o condiciones adecuadas para su vida cotidiana. Son situaciones que deben resolverse urgentemente y sobre las que las autoridades penitenciarias tienen una responsabilidad directa”, expresó.
Otra preocupación central es la continuidad educativa de quienes cursaban carreras universitarias en el Centro Universitario Devoto (CUD). Marcos Paz no cuenta actualmente con las condiciones necesarias para garantizar esos estudios. Aunque está previsto trasladar a los estudiantes al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde podrían retomar sus actividades académicas, aún no existe una fecha cierta.
Esta situación pone en riesgo sus trayectorias educativas e incluso la continuidad del año académico. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación de las personas privadas de libertad, evitando que los traslados interrumpan su formación.
La ubicación del nuevo establecimiento también dificulta los vínculos familiares. La distancia respecto de la Ciudad, las limitadas opciones de transporte público y la necesidad de caminar más de dos kilómetros para acceder al complejo representan obstáculos para las visitas.
Estas dificultades afectan especialmente a las mujeres, quienes suelen asumir las tareas de acompañamiento y trasladar alimentos, ropa y elementos de higiene. Las barreras de acceso podrían reducir las visitas y debilitar los vínculos familiares, fundamentales para la reintegración social.
Por otra parte, el CNPT recibió testimonios sobre presuntos malos tratos y hechos de violencia durante los traslados, que deberán ser examinados y, cuando corresponda, puestos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes.
“La interrupción de los estudios universitarios, las dificultades para sostener los vínculos familiares y las denuncias de violencia requieren respuestas concretas. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad durante todo el proceso”, advirtió La Blunda.
Cabe señalar que el Servicio Penitenciario Federal impidió durante una semana el ingreso de representantes del CNPT, lo que motivó la presentación de un hábeas corpus junto con la PPN para garantizar sus funciones de control y monitoreo.
La crisis de alojamiento en la Ciudad continúa
La Blunda remarcó que el traslado de Devoto no resuelve la sobrepoblación ni las graves condiciones de alojamiento que persisten en las comisarías y alcaidías porteñas.
“El cierre de Devoto no significa que se haya resuelto la crisis de alojamiento de las personas privadas de libertad en la Ciudad. La situación en las comisarías y alcaidías sigue siendo crítica y requiere respuestas estructurales. No podemos confundir el traslado de una población penitenciaria con la solución de un problema mucho más profundo”, sostuvo.
El CNPT elaborará un informe con los principales hallazgos y recomendaciones a las autoridades competentes, preservando la confidencialidad de los testimonios recibidos.
