El corredor de la mafia en Once

El pacto por los negocios ilícitos de Once no se ve. Pero sí se lo vive a lo largo de la calle Urquiza: ofrecimientos a vecinos
para lavar dinero, una ráfaga de tiros desde un auto al inhabilitado restaurante Cañonero y a un hotel clandestino, la venta de cocaína en plena vereda a metros de una escuela primaria, la presencia de una banda de rateros que hasta hace poco comandaba un adolescente, el tristemente famoso Peke, quien el pasado 20 julio asaltó una perfumería en Almagro y mantuvo a cuatro personas como rehenes por seis horas. Todo esto forma parte del corredor del crimen: la calle Urquiza entre Hipólito Yrigoyen y Alsina. Todo ocurre a pocas cuadras de donde se ubica la Comisaría 8ª, ubicada al 500.
Hace un año, el entramado de los delitos en el lado sur de Once tuvo sus denunciantes. Son los vecinos que formaron Balvanera al Sudoeste Balsud). Ellos investigaron a una veintena de lugares ?conflictivos?.

Luego lo remitieron a la justicia porteña. Cañonero, semillero narco El restaurante Cañonero y un hotel cercano es el núcleo del crimen que, según cuentan en la zona, se instaló hace cinco años. Su ?cobertura?, denuncian por lo bajo diversas fuentes del barrio, equivaldría a ?10 mil pesos a la semana para la seccional del barrio?. Un oficial de la policía, que habló con este medio en el patio de la Seccional 8ª, negó la acusación y defendió el proceder de la comisaría: ?Los vecinos hablan porque el Cañonero es un bar peruano. La gente los ve y los discrimina?, adujo la fuente.

La Comisaría 8ª, últimamente, no fue convocada por la Justicia para procedimientos. El caso más notorio fue el operativo en una fábrica tomada lindera a la Facultad de Psicología. El juez Norberto Oyarbide, de estrecha relación con la Federal, allanó con Gendarmería. Allí dieron con documentos, drogas, celulares y billeteras. Ese operativo abrió el camino para el desalojo de la llamada ?Lechería?, inmueble atribuido a Bunge & Born, donde en su interior llegó a funcionar una bailanta clandestina.

Volviendo al caso del Cañonero, se sabe que intervino la Justicia porteña. Pero Noticias Urbanas pudo indagar sobre el proceder de la jueza del fuero Penal, Contravencional y de Faltas Nº 26, Cristina Nazar. Según reveló a este medio una destacada funcionaria judicial, se habría solicitado a Nazar un allanamiento y cuando ya se habían reunido decenas de funcionarios, la orden de la jueza no fue positiva. Sin embargo, esto no frenó a quien organizó el operativo con funcionarios porteños. El inmueble de Urquiza 163/5 recibió una clausura administrativa por flagrantes irregularidades.

?A los días, la clausura administrativa fue levantada por la jueza. Pero una magistrada no podía levantar una clausura
de Gobierno. Esto lo terminó de corroborar un fallo en un tribunal de apelación?, susurró la funcionaria judicial desde su despacho, donde conserva todas las pruebas de la causa iniciada por Balsud.

El inexplicable restaurante Cañonero significa bastante. Es ideal para reuniones de muchos que no tienen profesión pero que se mueven con buenas ropas y vehículos, los clásicos transas; lindero, funciona un intento de hotel, que sería adecuado para refugiar a las personas que son contratadas como mulas de tráfico o víctimas de trata.

Al proceder del Gobierno porteño sobre los inmuebles se suma la presencia de cuatro jueces federales. Ellos intervinieron, por separado y sin ninguna coordinación entre sí porque en dos procedimientos realizados por el Ejecutivo de la Ciudad se descubrieron sustancias ilegales y dólares falsificados.

Pese a la variedad de jueces ninguno pudo avanzar más allá de las sustancias encontradas por otros. Quizás si se unificaran las causas por el mismo delito ocurrido en el mismo inmueble, la Justicia podría acercarse a la evidencia que muchos han constatado con sólo pasar por la calle Urquiza. Aún sorprende a los vecinos que ni siquiera los investigadores de la Federal, enviados por la Justicia,
hayan dado con el capanga del lugar, apodado Ángel.

Una pista revelada por esta investigación condujo a comprobar que el Cañonero nunca tuvo habilitación para restaurante: sólo el 24 de abril tramitó un pedido de habilitación. En el mismo, figura como responsable Johnny
Ruperto Fernández Rodríguez.

Igual, este trámite ante la administración porteña no lo habilita a funcionar, y encima cada inspección al lugar
confirmó irregularidades, entre ellas las violaciones reiteradas
de clausuras. El hotel tampoco queda a salvo: no cuenta con habilitación alguna y un peritaje lo consideró con peligro de derrumbe.

En esa cuadra transitan miles de estudiantes de todos los niveles. El establecimiento fue clausurado e igual sigue
activo. Ningún funcionario se anima a decir quien es el propietario del inmueble del restaurante y hotel. Por declaraciones en las causas surge que un tal Alberto Soroka es el administrador que cobraría los alquileres y hasta convocaría a reuniones de consorcio.