Jueces porteños: Menos contenciosos y más administrativos

Tras muchos meses de trabajo, de idas y vueltas, de críticas y cuestionamientos privados y públicos, la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña obtuvo las firmas necesarias para impulsar un despacho de mayoría que propone varias modificaciones al Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.

"Es un despacho que viene a subsanar omisiones del código actual", aseguró a NU el presidente de la Comisión de Justicia y autor de algunas de las iniciativas contenidas en el despacho, Martín Borrelli (PRO).

La propuesta de reforma que obtuvo la firma de los legisladores macristas que integran dicha comisión y el apoyo en disidencia parcial de Guillermo Smith (Coalición Cívica), reúne varios proyectos (o "el espíritu de algunos de ellos" según comentaron asesores presentes en la Sala Intersecretarías) presentados por diversos autores, entre ellos uno de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y otro del Jefe de Gobierno.

Lo que el oficialismo aspira lograr convertir en ley es un articulado diseñado específicamente para regular las actuaciones del fuero más adverso al Gobierno de la Ciudad. Entre los puntos que incluye la propuesta se destaca la recusación sin expresión de causa de los jueces (proyecto de Borrelli) que permitirá que se solicite y obtenga el apartamiento de un juez del conocimiento de una causa, sin indicar las razones que lo motiven. "Las razones que hacen dudar de la imparcialidad y objetividad del juez existen, pero no se explicitan. La recusación debe ser planteada en la primera aparición en la causa que tengan las partes y sólo puede ejercerse una vez generando un nuevo sorteo", explicó a nuestro medio el autor de la propuesta.

Conociendo la jurisprudencia de un grupo de magistrados porteños, de los cuales el juez Roberto Andrés Gallardo es una referencia por sus reiterados fallos adversos al Poder Ejecutivo, sea cual sea el color político de quien ocupara el principal despacho de Bolívar 1, el oficialismo (tras su infructuosa recusación masiva del magistrado impulsada en 2008) podrá recusar a este y otros jueces cada vez que recaiga en su tribunal resolver un recurso de amparo. Esta posibilidad podría significar un vaciamiento de ciertos juzgados de causas vinculadas a medidas cautelares en contra del Gobierno porteño, dejando en manos de los magistrados la resolución de un inmenso número de causas absolutamente administrativas y de escaso interés político e impacto social como son las ejecuciones fiscales.

"Sólo se podrá recusar una vez, por lo que si en el sorteo la causa recae en otro juzgado -que bien podría ser el de Gallardo-, será ese juez quien resuelva", remarcó Borrelli.

"Van a recusar a todos los jueces que no les convienen. Están queriendo hacer el derecho a su medida. El derecho administrativo es un derecho del Estado, por eso hay que limitarlo mucho; acá quieren limitar a los jueces y a los ciudadanos, lo contrario de lo que debería ser", criticó el legislador Sergio Abrevaya (CC), quien a diferencia de su compañero de banca Guillermo Smith, no acompañará el despacho de mayoría y si dará su firma a uno de minoría que propone el archivo del expediente y que es impulsado por Liliana Parada y Gonzalo Ruanova.

"El Contencioso es el freno que controla al Poder Ejecutivo. Acá se quiere poner freno al control. Nuestro código es reconocido en todo el país como un código de avanzada, no creo que algunas incorporaciones de este proyecto representen un avance", destacó Ruanova.

"Esto busca evitar el forum Shopping, la presentación de amparos y amparos hasta lograr la cautelar buscada. Todos estamos de acuerdo que esta conducta es un abuso de algunos sectores de la sociedad y en muchos casos fomentada por los propios magistrados, pero la recusación sin causa expresa es excesiva. Cómo no dan los números para juzgar a un juez, que es lo que deberían impulsar si dudan de la ética y objetividad de un magistrado, intentan frenar esto con una herramienta que existe en diversas justicias. Nos guste o no políticamente hablando, esta figura está incluída en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", remarcó un legislador opositor molesto con la forma, pero no tanto con el fondo de la cuestión.

Otras incorporaciones que tendrá el Código se refieren a las medidas cautelares. De aprobarse la iniciativa redactada por el legislador PRO Martín Ocampo, "será requisito necesario para el otorgamiento de la medida cautelar la acreditación simultánea de los siguientes presupuestos: verosimilitud del derecho, peligro en la demora, no frustración del interés público, y la constitución de contracautela".

"Sólo no se admitirá una garantía juratoria. La contracautela deberá ser proporcional a la cautela solicitada y la pérdida de la misma será bajo resolución del juez y a pedido del Estado. Estarán eximidos de la contracautela quien actúe en beneficio para litigar sin gastos y entidades públicas nacionales, provinciales y municipales dada la indiscutible solvencia del Estado", explicó Borrelli.

"Esto es un avance del Estado sobre los particulares. El ciudadano va a tener que pensar muchísimo antes de presentar un amparo ya que pone en riesgo el patrimonio personal. Las acciones quedarán para los que tengan mucho o una voluntad política riesgosa. Es cierto que estas modificaciones están en el Código de Nación, pero ese código es una vetustez. La Ciudad era de avanzada. Si se logran los 31 votos necesarios para la aprobación de este proyecto, yo pienso presentar inmediatamente la modificación con la esperanza que la próxima Legislatura lo revierta", anunció Abrevaya.

"No estoy de acuerdo ni con la contracautela, ni con la recusación sin expresión de causa", comentó el legislador Alejandro Rabinovich, quien adelantó que apoyaría "en general el proyecto" por coincidir con algunas modificaciones como "la caducidad de instancia" (se propone intimar a quien impulsa un proceso a punto de cerrarse, para que manifieste si persiste o no en su interés de activar el mismo), y la propuesta de Ivana Centanaro sobre "las astreintes" (sanciones pecuniarias contra quienes no cumplan los mandatos judiciales, inclusive funcionarios de máximo nivel, sólo a solicitud del titular del derecho afectado por el incumplimiento).

Con opinión similar a la de Rabinovich pero con un proceder diferente se expresará la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, Ivana Centanaro, quien presentará un despacho en minoría conteniendo dos de sus proyectos (uno sobre las astreintes y otro sobre medidas cautelares que establece como requisitos únicamente la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora), dejando fuera contracautela, frustración del interés público y recusaciones sin expresa causa. Este despacho de minoría, contará con el apoyo de Juan Manuel Olmos.

En el Poder Judicial las críticas a la propuesta del oficialismo se suman. "Quieren vaciar nuestros juzgados. No sólo están limitando el accionar judicial, también están avanzando sobre los derechos del justiciable. No nos han consultado. Quieren una justicia a la medida del Ejecutivo para evitar el control del Estado, una de las principales funciones del Fuero CAyT", remarcan varios magistrados. También están los que señalan una intencionalidad política claramente dirigida a los jueces de un fuero adverso, no midiendo con la misma vara a los magistrados del otro fuero porteño (el Penal, Contravencional y de Faltas) quienes sólo podrán ser recusados con causa expresa.

"El año pasado se realizaron consultas y el Poder Judicial se manifestó. Lo que no se hizo fue replicar la consulta este año. Los jueces quieren que tengamos en cuenta su opinión para legislar, pero no consultan a los legisladores para dictar sentencias. Las instituciones deben ser respetadas, tanto como la independencia de poderes. Los jueces deben entender que están para aplicar las leyes que los legisladores sancionamos, estén de acuerdo con ellas o no. Y a las fuerzas legislativas que tanto se oponen a estas modificaciones no las veo impulsando en el Congreso Nacional derogaciones de leyes nacionales que expresan los puntos que duramente cuestionan en un proyecto local y que están en vigencia hace años", concluyeron varios macristas.

Restan al menos 15 días para que los proyectos lleguen al recinto. Si bien el PRO confía en que logrará los 31 votos para todo el articulado pautado, la votación en particular podría modificar las aspiraciones macristas.