Los talleristas se visten de víctimas

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad recibió una marcha en su contra por primera vez. Quienes se quejan de su "imparcialidad", de "escuchar una sola campaña" son los mismos que hace dos semanas, en plena noche, se armaban con palos, piedras y botellas para arremeter contra los militantes desarmados y en su mayoría mujeres de la organización Alameda, quienes acompañaron una inspección laboral a un taller textil donde se denunció reducción a la servidumbre, trata de personas y abuso de una menor de edad. De ese ataque, con notable complacencia de la comisaría 40, resultaron derivados al hospital cinco integrantes de la Alameda, entre ellos su referente con siete suturas en la cabeza y frente.

"Alicia Pierini es la mamá de Vera. No puede ser que crea todo lo que dice y no nos reciba. Esta haciendo política porque se sienta con un puntero político. Pero nosotros también vamos a votar", gritó por un megáfono ante trescientas personas de nacionalidad boliviana, Alfredo Ayala, quien es acusado penalmente por la Defensoría del Pueblo de convocar, motorizar y comandar el linchamiento a los referentes de la lucha contra el trabajo esclavo en la industria textil.

Las pruebas del ataque mafioso están en la Defensoría. Son fílmicas, audios, fotogrias y dieciocho testimonios. Además las actas de inspección de la Subsecretaría de Trabajo del taller en Lacarra 932.

El organismo radicará la denuncia penal contra Ayala y los gerenciadores del taller denunciado, Umiri Zacarias Estrada y Laura Juana Velasco, en la fiscalía Nº 7. Es una ampliación de la megacausa llamada Salazar Nina, que se inició con una denuncia de la Alameda contra las marcas Lacar, Montage, y que sumó otras marcas como a los talleres textiles clandestinos donde tercerizan la producción.

El abogado Mario Ganora, que ha seguido desde años las denuncias por esclavitud, es quien recibió a los talleristas convertidos en pacíficos y respetuosos manifestantes. "Ingresaron cuatro personas, entre ellas Ayala. Pidieron una audiencia con la defensora y formularon quejas contra Gustavo Vera, la defensoría porque no es imparcial y cuestionaron la ley Buenos Aires Produce".

En esa reunión que duró cerca de treinta minuto los dirigentes de talleristas, que además son propietarios de radios clandestinas, fueron informados por el abogado Ganora que las máquinas confiscadas no están controladas por la Alameda. "Les explique que están decomisados por la justicia, y encima están procesado más cantidad de coreanos. Quedamos en que será trasmitido su pedido de entrevista con Pierini".

Al igual que los grandes empresarios ante el Ministerio de Trabajo, los talleristas denunciados reconocieron en la Defensoría "que contratan personal en negro", pero intentaron hacer una salvedad echando culpas al gobierno que no controla a las grandes marcas y que las investigaciones siempre van en su contra.

Uno de los conductores radiales y dirigente de talleristas, Reynaldo Apaza, dio un enardecido discurso. "Pierini sepa que no vamos a permitir que detengan a Ayala" y agregó que "hoy seremos cinco mil mañana diez mil. Acamparemos aquí y no la vamos a dejar trabajar". Para Mario Flores se defiende "a un ladrón de maquinarias y un político", en clara referencia a Gustavo Vera de profesión reconocida, maestro.

Tras la Defensoría marcharon a la Legislatura y finalizaron en Jefatura de Gobierno. No eran los mismos 400 que salieron de Floresta, exactamente Bahía Blanca y Avellaneda. Ya sin banderas y un centenar de personas en la vereda no hicieron más que presentar un petitorio. Piden la renuncia del subsecretario Jorge Ginzo.

Como resultado de la marcha, en la que también participó Hugo Ticona y Alejandro Choque, lograron promesas de ser recibidos y quedo claro que cuando tuvieron la oportunidad de presentar denuncias contra las marcas de ropa, "de los coreanos, judíos y argentinos que nos explotan con el pago de precios" no lo hicieron ante ninguna institución.

Los gerenciadores de talleres textiles o talleristas, de los barrios de Flores, Floresta y Parque Avellaneda seguirán comunicándose por sus radios "comunitarias", como las llaman, que les permite hacer contrataciones de personal en talleres de dudosa legalidad, y también para las convocatorias a marchas y los ataques o bloqueos a inspecciones.