Caos para viajar: un paro gremial dejó sin servicio a toda la red de subtes
La Justicia dispuso la detención de dos gremialistas por un episodio ocurrido en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B del subte porteño, donde una protesta sindical afectó el funcionamiento del servicio. El conflicto se produjo luego de que un empleado de Emova, integrante de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), abriera una puerta de emergencia para permitir el ingreso de pasajeros sin pagar el boleto, en reclamo por la suspensión de otro trabajador.
Según la información difundida, la intervención judicial se inició a partir de una denuncia por lo ocurrido en la estación. La Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, dispuso la detención del empleado que abrió la puerta, quien se habría atrincherado en una oficina y resistido el procedimiento. La situación derivó en la intervención de otros representantes sindicales que acudieron al lugar para respaldar al trabajador.
Entre los involucrados se encuentran Claudio Dellacarbonara, delegado gremial y dirigente político de izquierda, y Sebastián Carrizo, también vinculado al sector sindical. De acuerdo con la información oficial, la fiscalía ordenó la detención de ambos tras su intervención en el episodio. Los dos fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte, ubicado en el barrio porteño de Chacarita.
En ese contexto todas las líneas de Subte (A, B, C, D, E, H y Premetro) se encuentran interrumpidas según confirmó EMOVA, la empresa operadora del Subte y Premetro.
El caso se produce en medio de la controversia por las medidas de fuerza en el transporte subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. En junio pasado, el Gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri, declaró esencial el servicio del subte, una decisión que apunta a garantizar su funcionamiento y limitar las interrupciones durante los conflictos laborales.
La medida de esencialidad constituye uno de los puntos de tensión entre las autoridades porteñas y los metrodelegados, que vienen protagonizando reclamos por cuestiones laborales y salariales. El episodio de la línea B vuelve a poner en discusión los límites de las protestas sindicales y las consecuencias judiciales que pueden derivarse de acciones que afecten el servicio público.
