Causa Osprera: procesaron a un exsocio de Menem y a dos interventores
El juez federal Sebastián Casanello procesó a dos exinterventores de la obra social Osprera (Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina) y también a personas vinculadas con la empresa que se habría beneficiado con un supuesto desvío de fondos. En el caso se investiga una contratación directa irregular que habría permitido un perjuicio económico de 247.836.858 pesos.
Según el fallo, los procesados son Virginia Montero y Marcelo Petroni, a quienes se les atribuyen los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. A la vez, el juez incluyó en el procesamiento a Sergio Aguirre y a María Casandra Mirabelli, señalándolos como partícipes necesarios por los mismos hechos investigados.
En el escrito judicial se remarca además que, según el fiscal Guillermo Marijuan, la designación de Montero y Petroni habría ocurrido por recomendación de Aguirre, con influencia directa sobre los interventores. En esa línea, la acusación sostiene que Aguirre habría conducido indirectamente la voluntad del ente para lograr una contratación que no resultaría procedente.
Casanello también informó que, de acuerdo con la pesquisa, la empresa habría obtenido ganancias ilícitas por un total de 247.836.858,63 pesos mediante el contrato con Osprera. Los movimientos vinculados al cobro se habrían registrado entre noviembre de 2024 y julio de 2025, en una operatoria que llamó la atención de los investigadores por su correlación con adquisiciones posteriores.
Por su parte, el juez dispuso embargos de 1.463.896.868 pesos para cada uno de los procesados. En el expediente se menciona que, en el período analizado, los socios de Htech habrían comprado vehículos de alta gama, y que existieron además movimientos sospechosos asociados a cuentas vinculadas con Mirabelli, quien habría impartido indicaciones dentro de la obra social hasta agosto del año previo.
Finalmente, el caso señala un punto de inflexión cuando se habrían revelado irregularidades: tras la difusión de los hechos, el interventor Marcelo Petroni habría suspendido el contrato y ordenado auditorías. La causa quedó en marcha en el marco de la investigación judicial por el presunto desvío de fondos públicos y las responsabilidades asignadas a funcionarios y particulares vinculados al beneficio de la operación.
