Congreso: un océano de inconvenientes y un intento por retomar la agenda

Con sismos imposibles de disimular, la política intenta hacer pie frente a los avatares de la realidad que desnudan los problemas de la economía en la vida diaria.

La Ley de Glaciares, la Ley Hojarasca y los nombramientos en la Justicia figuran al frente del ranking de los asuntos que serán echados a suertes en el futuro próximo. No obstante, se asientan sobre cuestiones que no eluden la rispidez.

En la última semana, el diputado Eduardo Valdés instaló un tema poco caro al oficialismo, al subrayar la necesidad de fortalecer un enfoque comunitario en salud mental y garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes. “La salud mental es un derecho -aseveró el legislador-, el Estado tiene la obligación de garantizar acceso, prevención y acompañamiento. No hacerlo es abandonar a miles de argentinos y argentinas”.

Entretanto, en las vísperas de su tratamiento, las reflexiones de quienes caminan los pasillos acordaban que la Ley de Glaciares terminará invariablemente judicializada y que los demás temas en la grilla no están asegurados, tras los inconvenientes que sumó Manuel Adorni en los últimos tiempos, que junto a los préstamos otorgados por el Banco Nación, suman opacidad al paisaje de labor parlamentaria que hace un mes atrás el gobierno alentaba.

En la voz de la diputada Laura Rodríguez Machado, el oficialismo fijó su posición. “Luego del tratamiento de la Ley de Glaciares, la agenda continuará con la Ley Hojarasca y con los proyectos vinculados con la defensa de la propiedad privada, que también forman parte del paquete de reformas estructurales que el Gobierno viene impulsando desde el inicio de la gestión”, expresó la cordobesa.

Las organizaciones ambientales han mostrado su disconformidad sobre el tema, en tanto que la legisladora aseguró que “la decisión de priorizar glaciares responde a la necesidad de dar previsibilidad a las provincias y a sectores productivos que llevan años operando bajo un marco normativo ambiguo. Se trata de un tema que impacta directamente en inversiones, empleo y desarrollo regional, por lo que el Gobierno considera que requiere una definición legislativa urgente”.

Extendiendo su mirada sobre los próximos eventos legislativos, agregó que “con la Ley Hojarasca, las expectativas son positivas, porque es un proyecto que apunta a algo muy concreto: eliminar normativa obsoleta, superpuesta o que ya no tiene aplicación real. Argentina acumuló durante décadas regulaciones que complejizaron innecesariamente la vida de los ciudadanos y la actividad productiva. Esta ley busca ordenar el sistema jurídico, simplificarlo y reducir la burocracia que hoy genera costos y litigiosidad”.

En esa línea aportó su mirada el diputado Eduardo Falcone. "Como desarrollista, conozco que mi partido hace más de 60 años que lucha por el desarrollo nacional y por remover prejuicios ideológicos que frenen la inversión, sin otro objetivo que un interés de facción, cuando lo que hay que privilegiar es el interés nacional", expresó, a modo de justificación de su voto positivo en el tablero.

De igual modo, aclaró que “el problema es que la ley tiene un error importante: habilita la posibilidad de desinventariar glaciares y eso no corresponde, porque todos los glaciares cumplen una función hídrica. Distinto es el caso de los ambientes periglaciares. Ahí puede haber formaciones rocosas que pueden tener o no una función hídrica. Y que podrían haber sido inventariadas a partir de una foto satelital, pero ningún técnico ha ido a examinar el terreno”.

A modo de cierre, aseguró que “hoy no se puede realizar ninguna actividad productiva o comercial en esa zona. Y si no tuvieran una función hídrica, no tiene sentido que no se pueda invertir allí y crear empleo. En esos casos, me parece razonable que las provincias puedan intervenir y evaluar. Son decisiones sobre su propio territorio. Si hay formaciones que no tienen impacto hídrico, no tiene sentido frenar una actividad productiva.”

Finalmente, el jueves último, la Ley de Glaciares sancionada en 2010 fue modificada, con 137 votos a favor y 111 en contra. Ahora, las provincias gestionarán las zonas antes bajo jurisdicción del Instituto de la Nieve, el Hielo y el Medio Ambiente (IANIGLA). Antes, los proyectos de explotación minera estaban prohibidos en los glaciares y en sus alrededores. Desde ahora, habrá vía libre para contaminar, envenenar y afectar el medio ambiente y la salud de humanos y animales.

Ganando tiempo

Por otra parte, la cantidad de preguntas que se enviaron al jefe de Gabinete sobrepasó el promedio de cualquier informe de gestión anterior. Sucede que, además de los balances de las carteras ministeriales, en esta ocasión se sumaron los escándalos motivados por ciertas sospechas de corrupción, que incluyen viajes, préstamos y criptomonedas.

Rodríguez Machado aportó su punto de vista en la polémica generada y manifestó que “el 29 de abril, el jefe de Gabinete va a concurrir al Congreso, tal como lo establece la Constitución Nacional, para brindar su informe de gestión y responder las preguntas de los distintos bloques. Esa instancia será clave para explicar en detalle el estado de cada proyecto, los tiempos legislativos y los fundamentos de la agenda de reformas que está impulsando el Ejecutivo. Lo considero una oportunidad institucional para que el Gobierno rinda cuentas y, al mismo tiempo, para aclarar dudas y evitar interpretaciones erróneas sobre el alcance de las iniciativas”.

En cuanto a las modificaciones al Código Penal, el oficialismo está trabajando en un proyecto que introduce cambios importantes en materia de penas y de protección de la propiedad. El jefe de Gabinete decidió no enviarlo todavía, según voceros oficiosos para asegurar que el texto sea técnicamente consistente y compatible con el resto del sistema jurídico, pero la realidad es que están a la pesca de los votos de los aliados y aún no los tienen. “En realidad, es una reforma de alto impacto, que requiere de una redacción cuidadosa y una evaluación integral de sus consecuencias, especialmente en lo que respecta al sistema penitenciario y a las competencias provinciales”, anticipó la cordobesa Laura Rodríguez Machado.