La Ciudad no clausuró Costa Salguero
El titular del juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Roberto Andrés Gallardo, ordenó el pasado martes la clausura de emprendimientos comerciales instalados en Costa Salguero, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el diputado porteño Facundo Di Filippo y la diputada electa Rocío Sánchez Andía en la que se solicitó "que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a garantizar el libre acceso y circulación en la totalidad del camino público de 35 metros, conocido como camino de sirga, en el predio delimitado por el Río de la Plata, el canal de desagüe del Arroyo Ugarteche, la avenida Costanera Rafael Obligado y la avenida Presidente Ramón Castillo, denominado 'Costa Salguero', liberando de construcciones e impedimentos la totalidad de dicho camino y acondicionando adecuadamente el mismo para su pleno goce?.
En dicha medida judicial, el magistrado ordenó a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro que "informe en el plazo de dos días si las edificaciones existentes en el predio [?] conocido como 'Costa Salguero' han solicitado permisos de obra" y que "a efectos de practicar la diligencia dispuesta" se envíen "dos móviles policiales con dotación completa" a la sede del tribunal Avenida de Mayo 761 este miércoles a las 10 horas.
"No sólo no se enviaron los móviles solicitados, sino que el Gobierno de la Ciudad envió como respuesta a la orden judicial un breve escrito solicitando la revocación de la medida", informaron a NU fuentes judiciales.
Ante la medida judicial que hizo lugar a una acción de amparo en la que se solicitó también que "se ordene al GCBA el cese de su omisión administrativa en tanto permite el funcionamiento irregular de establecimientos que no se encuentran habilitados" y que " se fije a la clausura de los mismos? y " la demolición de todas la construcciones que no cuenten con permiso de obra que se encuentren en el sector del predio conocido como Costa Salguero", el director General de Relaciones Contractuales de la Procuración General de la Ciudad, Daniel Mauricio Leffler, presentó una acción de revocatoria y apelación en subsidio en la que expresa que "la medida cautelar adoptada resulta desarreglada a derecho y ajena, tanto a la litis planteada como a las atribuciones que el ordenamiento ritual otorga a los jueces".
"En lugar de considerar o no la adopción de alguna medida en el marco de la litis trabada y las pretensiones de la actora o, en su defecto rechazarlas, se sustituye el ejercicio de las atribuciones propias del Poder Ejecutivo; da órdenes a sus dependientes y modifica a voluntad el procedimiento administrativo reglado", señala la presentación a la que tuvo acceso NU.
Finalmente y tras señalar que "resulta de cumplimiento imposible ya que ordena la reunión de elementos y recursos humanos en un plazo irrazonablemente exiguo", la presentación firmada también por el procurador General Adjunto Carlos Guaia, destaca que "se tomará la decisión judicial como una denuncia de actividades funcionando sin habilitación y se iniciarán los procedimientos administrativos pertinentes".
"Es un claro desconocimiento de una manda judicial. En próximos días el Tribunal hará uso de sus facultades y dispondrá el cumplimiento de la medida dictada", informaron a NU desde los tribunales de Avenida de Mayo.
