Continúa el freno en Palermo
La titular del juzgado Nº 6 del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Gabriela López Vergara tomó la decisión de continuar con la prohibición en el otorgamiento de nuevos permisos para la edificación de torres en 45 manzanas de Las Cañitas (en el zona delimitada por las avenidas Dorrego, Luís María Campos y Del Libertador), único barrio porteño donde continúa la veda.
La Comuna tenía la esperanza que con la creación del decretó Nº 220, donde se establecieron nuevos requisitos para lograr las habilitaciones para la construcción de torres que superen los 5.000 m2 en los barrios de Caballito, Palermo, Núñez, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Coghlan; y con el antecedente de la semana pasada, cuando la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones resolvió levantar la prohibición en 16 manzanas del barrio de Caballito, la juez López Vergara fallara a favor de liberar la construcción en el coqueto barrio de Palermo. Pero desde el juzgado se informó a este medio que "la juez resolvió el día miércoles mantener efectiva la medida por ella anteriormente".
Actualmente López Vergara, se encuentra subrogando en el juzgado Nº 9 anteriormente a cargo de la juez Patricia Montenegro. El exceso de tareas es una excusa que la Comuna intenta utilizar para proponer que todas las causas sobre las torres se concentren en juzgado de Alejandra Petrella (quien impuso la medida cautelar en el barrio de caballito) que casualmente está de licencia por motivos de salud.
Con el claro objetivo de liberar la construcción en los barrios de mayor desarrollo y valor por m2, el Gobierno de la Ciudad en cuanto reciba la notificación del rechazo de la juez, apelará dicho fallo. Confiando en la Cámara de Apelaciones, la Comuna se protege de las denuncias y pedidos de los vecinos con el decreto 220 como escudo.
En el decreto donde se amplían los requisitos para la obtención de permisos se estableció que aquellos que deseen construir en los barrios con problemas de infraestructura (aguas y cloacas) deberán presentar un certificado de factibilidad expedido por AySA, donde se exprese que el proyecto no implica riesgo en la zona. Siendo el estado, con este mecanismo, tanto juez como fiscal.
La responsabilidad de la empresa AySA, sólo recae en realizar una evaluación técnica y analizar la factibilidad, el Gobierno sería el responsable de otorgar o no los permisos. La metodología de la empresa de aguas consiste en realizar el pedido de evaluación, y si en 30 días no se realizó, el proyecto de obra pasaría automáticamente a estar en estado de autorización.
Actualmente la Ciudad tiene firmado con AySA un plan de obras para mejorar la infraestructura en el suministro de agua y cloacas por 204 millones de pesos.
A partir del 15 de febrero (fecha en que se cumplieron los 90 días de veda impuestos por Jorge Telerman para analizar la infraestructura en los barrio de mayor crecimiento) y hasta la fecha, AySa recibió 145 pedidos de evaluaciones.
