La justicia falló en contra de Gallardo
La justicia federal desestimó una presentación del juez Roberto Gallardo con relación al Casino Flotante de Puerto Madero en marzo de este año. El magistrado porteño además de pedir la clausura en varias oportunidades -algo que el juez federal Sergio Fernández, con poder sobre esa jurisdicción, intervino en forma contraria- acusó a su par de "prevaricato", lo que significó un conflicto por la competencia.
El fallo judicial, que se conoció el pasado miércoles en tribunales, estuvo a cargo del también juez federal Sergio Torres y se enmarca dentro de la polémica judicial por la clausura del casino flotante de Puerto Madero y el conflicto de competencia que se ha desatado en el caso.
El problema de competencia entre los magistrados nacionales -Fernández- y porteño -Gallardo- cuando el primero ordenó la noche del 27 de marzo pasado a la Prefectura Naval quitar las fajas de clausura del casino colocadas por orden del segundo. Por otro lado, la causa por prevaricato fue iniciada en junio pasado luego de que Fernández dejó sin efecto varias medidas cautelares que habían sido dictadas por su colega del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad.
Para desestimar la denuncia, el juez Torres sostuvo que "la resolución de fecha 5 de octubre de 2005 dictada por el Magistrado Federal (Fernández) no puede ser cuestionada como contraria a las leyes invocadas para así resolver, toda vez que la misma es producto de una razonada argumentación que conduce a la decisión final adoptada y a la invocación de su competencia para poder resolver".
El fallo defiende la competencia federal en el conflicto toda vez que está en juego un "interés nacional" ya que se encuentra involucrado "un establecimiento de utilidad pública". "El Dr. Fernández, en la resolución del 5 de octubre de 2005, ha estudiado la injerencia de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires y ha concluido que las mismas obstaculizan el fin de utilidad pública que tiene el ingreso bruto de las salas del casino, razón por la cual, al establecerse el menoscabo que el ejercicio de la autoridad local produce, corresponde indiscutiblemente la competencia federal", dice el fallo de Torres.
Torres concluyó que el accionar de Fernández "se encuentra exento de ilicitud" y recordó que sus resoluciones fueron avaladas por la Cámara Federal del fuero contencioso administrativo.
