El Gobierno y las universidades acordaron salarios
El Gobierno nacional y las autoridades de las universidades públicas lograron un acuerdo salarial y presupuestario destinado a descomprimir el conflicto que mantiene enfrentadas a ambas partes desde hace meses. El entendimiento contempla una recomposición para docentes y no docentes, además de fondos adicionales para distintas áreas del sistema universitario, aunque no puso fin a la controversia de fondo sobre el financiamiento de las casas de estudio.
La propuesta oficial incluye un incremento salarial total superior al 24%, distribuido en dos tramos, junto con el compromiso de evitar que los ingresos del sector continúen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación durante 2026. También prevé actualizaciones para gastos de funcionamiento, recursos extraordinarios para hospitales universitarios y un aumento en las becas destinadas a estudiantes.
Entre los puntos acordados figura una mejora del financiamiento para el Programa de Becas Manuel Belgrano, así como partidas específicas para colegios preuniversitarios y centros de salud dependientes de las universidades nacionales. Las autoridades académicas valoraron el avance en las negociaciones, aunque remarcaron que todavía existen reclamos pendientes vinculados al cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.
Un acuerdo que deja atrás el conflicto.
— Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) June 10, 2026
El día de hoy firmamos el acta acuerdo con las Universidades Nacionales y los sindicatos docentes y nodocentes. Queda la tarea de recuperar los días de clase perdidos, el respeto a los que piensan distinto y la transparencia en el gasto.… pic.twitter.com/sDbQjUg56S
Pese al acercamiento alcanzado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmó que mantendrá la demanda judicial que tramita ante la Corte Suprema. Los rectores consideran que el acuerdo salarial no reemplaza la necesidad de que se garantice la plena aplicación de la legislación aprobada por el Congreso para asegurar recursos estables al sistema universitario.
La causa judicial se encuentra actualmente bajo análisis del máximo tribunal, que deberá resolver distintos planteos vinculados a la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo respecto de la implementación de la ley. Días atrás, la Corte rechazó recusaciones presentadas por el Estado y ratificó la continuidad de los magistrados que intervienen en el expediente.
Mientras el acuerdo abre una instancia de diálogo y mejora las condiciones presupuestarias para el corto plazo, las universidades insisten en que la discusión de fondo aún no está resuelta. Por ese motivo, el conflicto continuará en el ámbito judicial, donde se definirá si el Estado debe cumplir plenamente con el esquema de financiamiento establecido por la ley vigente.
