Publicado: 18/03/2010 UTC General Por: Redacción NU

Sanchez Andía reclama por informes sin contestar

En una sesión legislativa en la que fueron numerosas las expresiones por parte de los diputados porteños, la integrante del bloque Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía aprovechó para poner sobre la mesa un reclamo contra el jefe de Gobierno por la falta de contestación en muchos de los informes requeridos por la Legislatura.
Sanchez Andía reclama por informes sin contestar
Redacción NU
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La legisladora del bloque de la Coalición Cívica Rocío Sánchez tomó la palabra en la etapa de las manifestaciones durante la sesión parlamentaria del jueves 18 de marzo para lanzarle una dura acusación al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. ?Durante el año pasado sólo contestó a un tercio de los pedidos de informes presentados por la Legislatura?, expresó la diputada, integrante del partido fundador del ARI y la Coalición Cívica, Jóvenes por la Igualdad.

?De los 380 pedidos de informes que la Legislatura presentó durante el año pasado al Gobierno porteño sólo fueron contestados 125?, argumentó Sánchez Andía desde su bancada, agregando que de los informes ignorados ?dos fueron presentados por el oficialismo y 123 por otros bloques. O sea, que el 98,4 por ciento de los que ignoró fueron elaborados por la diputados de la oposición?.

También consideró ?mucho más grave? el que ?el 70 por ciento de esos requerimientos versan sobre temáticas sociales?. ?Macri -completó- debe terminar con las hipocresías discursivas, pues en los medios habla de institucionalidad y transparencia, pero en la práctica su gestión no se caracteriza por ser transparente, ya que niega a la ciudadanía el derecho a la información?.

Para cerrar, según informó la propia diputada a través de un comunicado, recordó que el artículo 105, inciso 4, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece como obligación del Jefe de Gobierno ?proporcionar a la Legislatura los antecedentes e informes que le sean requeridos? y que otras normas garantizan a todos los ciudadanos y sus representantes parlamentarios el acceso a información de los actos administrativos gubernamentales.

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