Publicado: 31/12/2010 UTC General Por: Redacción NU

La guerra de la Justicia

El fallo de la Cámara Federal que liberó a Palacios cuestionó con dureza al juez Oyarbide. La resolución anterior de Casación que inició el conflicto judicial.
La guerra de la Justicia
Redacción NU
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La interna judicial explotó un día antes de la Nochebuena. En la mañana del jueves 23, se conoció el fallo dividido (dos a uno) de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que integran Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, que le ordenó al juez federal Norberto Oyarbide a cargo de la causa judicial Nº 12.446/2009 caratulada ?James, Ciro Gerardo y otros s/ escuchas ilegales y otros delitos?, que disponga la inmediata liberación del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge ?el Fino? Palacios, quien se encontraba detenido en el Penal de Marcos Paz desde el 17 de noviembre de 2009, con prisión preventiva por estar procesado como integrante de una asociación ilícita en la causa de las escuchas ilegales. Horas más tarde, el magistrado así lo hizo y dispuso, además, la liberación del espía Ciro James, también detenido en Marcos Paz.

Pero lo más llamativo de la inesperada liberación de Palacios y James se centró en los términos acusatorios del dictamen contra el accionar procesal de Oyarbide, que dieron a conocer los camaristas, en especial los cuestionamientos vertidos por Ballestero y Freiler, quienes fueron los que votaron a favor de la liberación del ex comisario. ?El juez de grado no ha podido fundamentar la existencia de un riesgo procesal que justifique la prolongación de la medida excepcional de restricción de la libertad de Palacios.? Los jueces recordaron también: ?En este mismo proceso el Tribunal se vio obligado a anular un fallo del juez, relativo justamente al encierro de Palacios, por serios defectos en su fundamentación. Ya en esa ocasión se le dijo que no era un hecho menor que el imputado se encontrase detenido desde el 17 de noviembre de 2009?. Los magistrados destacaron: ?No es misión del juez instructor sancionar o imponer una pena; su tarea se vincula exclusivamente con el descubrimiento de la verdad y es allí donde debe concentrar todos sus esfuerzos. El juez deberá considerar la aplicación de las herramientas alternativas a su alcance para asegurar los fines del proceso, como puede ser cauciones, restricciones, prohibición de salida del país, etc.?.

Pero la sorpresa ante la resolución tiene un origen claro. Noticias Urbanas hizo mención a un fallo que se produjo exactamente un mes antes ?el martes 23 de noviembre? de la resolución que liberó a Palacios y a James y que dieron a conocer los integrantes de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal. En fallo dividido, los magistrados Gustavo Mitchell, Ángela Ledesma y Liliana Catucci dieron lugar a un recurso judicial presentado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, contra la resolución dictada en el mes de junio por la Sala I de la Cámara Federal, que había rechazado la solicitud de recusación contra el juez Oyarbide que presentó la defensa del jefe porteño.

De esta manera, los integrantes del fuero federal se ven obligados a estudiar el pedido de apartar al magistrado de la investigación judicial, ya que para Casación el pedido de apartarlo tiene fundamento. ?El dictamen de Casación fue el inicio de todo lo que sucedió luego. Los camaristas de ese fuero estuvieron muy duros con sus pares de la Cámara Federal, avalando los argumentos de la defensa y obligando a los jueces a volver a estudiar el pedido de recusación y expedirse sobre el tema cuanto antes. Ese reto dio lugar a que Ballestero y compañía apuntaran contra Oyarbide y terminaran dictaminando a favor de la libertad de Palacios, contradiciéndose con el apoyo que le habían dado con anterioridad a la prisión preventiva que le dictó el juez federal.

No hay que olvidar que el abogado Diego Richards, a cargo de la defensa del ex titular de la Metropolitana, pidió ante la Sala I de la Cámara Federal la excarcelación de su defendido y que la misma fue rechazada.

Con este último fallo dado a conocer el jueves de la semana pasada, los camaristas le pasan la pelota a Oyarbide y tratan de cubrirse, alegando en su resolución que el que actuó mal fue el magistrado de instrucción y no ellos?, explicó ante NU un letrado que trabaja en el caso y conoce a la perfección cómo es la interna judicial que provocó la última resolución judicial que liberó a Palacios y a James.

Según pudo averiguar este medio, la nueva noticia alegró a los abogados macristas, Santiago Feder y Ricardo Rosental, quienes esperan más confiados la resolución de la Sala III de Casación sobre el recurso que presentaron contra la ratificación del procesamiento en primera instancia que dictó la Cámara Federal contra Mauricio Macri en la causa de las escuchas ilegales. Los macristas creen que el próximo paso de Casación será darle la razón al Jefe de Gobierno y rechazar el procesamiento que pesa sobre él como integrante de una asociación ilícita. El propio Macri se mostró satisfecho por la decisión de la Justicia de excarcelar al Fino y a James.

Además tuvo tiempo para volver a criticar el accionar del juez federal: ?El tema es que si eran condenados por el tribunal oral que debe ser sorteado, la pena sería de un año y medio de prisión en suspenso. Y ellos ya se comieron un poco más de un año de cárcel porque el juez decía que le podía entorpecer la investigación y eso nunca tuvo ninguna lógica?, disparó.

Los letrados de Macri habían recusado a Oyarbide por ?prejuzgamiento y falta de imparcialidad? y ofrecieron como prueba el testimonio del ex senador nacional justicialista Héctor Maya, quien dijo que en un encuentro que mantuvo con el juez federal, éste manifestó que a Macri ?se lo llevaba puesto?. Sin embargo, la Cámara Federal rechazó el planteo macrista y confirmó al magistrado al frente del expediente.
Los dos últimos fallos que se conocieron, el de Casación y el de la Cámara Federal, comienzan a dar un ligero vuelco en el caso a favor del Jefe de Gobierno. ?No hay que olvidarse que Casación puso en duda la existencia de una asociación ilícita en el caso y ésa es la principal acusación de Oyarbide, con lo cual si se voltea esa imputación todo el expediente se cae a pedazos, razonó en tono dubitativo un investigador judicial que fue consultado por NU.

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