Publicado: 21/03/2026 UTC Nación Por: Redacción NU

La Abogacía vuelve a reclamar por la situación del abogado detenido en Venezuela

Se trata del caso Giuliani.
La Abogacía vuelve a reclamar por la situación del abogado detenido en Venezuela
Redacción NU
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El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que preside Ricardo Gil Lavedra, reiteró su preocupación por la detención arbitraria continuada del abogado argentino Germán Darío Giuliani en la República Bolivariana de Venezuela. Y en esta oportunidad, recibió la adhesión en el reclamo del Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association (IBAHRI).

El ciudadano argentino, que es abogado matriculado en el CPACF, se encuentra privado de su libertad desde hace mayo 2025, en circunstancias que parecen constituir una grave violación de sus derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad, la seguridad, y el derecho a un juicio justo. Esto suscita seria preocupación tanto en la condición de su detención, como en las restricciones en su comunicación regular con familiares.

El caso reviste especial gravedad por tratarse de un abogado extranjero, nacional de un país que actualmente no mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que limita el acceso a los mecanismos tradicionales de protección consular y refuerza la necesidad de atención y seguimiento por parte de la comunidad internacional.

El IBAHRI y el CPACF destacan el rol esencial de los colegios de abogados y de las organizaciones internacionales de la abogacía en la protección de sus miembros, en la defensa de la independencia de la profesión y en la promoción del Estado de Derecho.

La detención del abogado en circunstancias arbitrarias, en total violación de las garantías del debido proceso compromete no solo derechos individuales, sino también principios fundamentales del sistema de justicia.

En este contexto, ambas instituciones instan a las autoridades venezolanas competentes a garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales del abogado, y alientan a los gobiernos y a los organismos internacionales de derechos humanos a acompañar y promover esfuerzos orientados a una pronta resolución de su situación conforme a las obligaciones internacionales aplicables.

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