Nuevo revés judicial para el Gobierno por los fondos de discapacidad

La Justicia Federal de Córdoba ordenó investigar al ministro de Salud, Mario Lugones, y al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de resoluciones que exigían regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. La decisión fue adoptada por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, en medio de la controversia por los cambios que el Gobierno impulsa para el sector a través del Presupuesto 2027.

El magistrado remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para determinar si la conducta de los funcionarios podría constituir un delito. El fiscal federal Carlos Casas Nóblega deberá analizar si existió desobediencia a una orden judicial y si también podría configurarse un incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Desde el Ministerio de Salud rechazaron que haya existido un incumplimiento y adelantaron que el Estado presentará un recurso de queja ante la Cámara Federal. Según fuentes de la cartera, no se habrían presentado elementos concretos que demostraran que los funcionarios omitieron una obligación establecida por la Justicia. El Gobierno busca que el tribunal de alzada revise la decisión adoptada por Vaca Narvaja.

El expediente se inició en mayo a partir de un amparo colectivo presentado por personas con discapacidad, familiares e instituciones que denunciaron demoras en los pagos correspondientes a prestaciones financiadas por el PAMI y el programa Incluir Salud. En ese momento, el juez ordenó al Ministerio de Salud y al organismo previsional normalizar los desembolsos en un plazo de 72 horas, al advertir que la situación podía poner en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.

La apelación presentada por el Gobierno fue concedida con efecto devolutivo, por lo que no suspendió la obligación de cumplir con la medida cautelar mientras la Cámara Federal analizaba el caso. En junio, el juez volvió a exigir la regularización de las prestaciones previstas por la Ley 24.901, al considerar que el Estado había acreditado pagos parciales, pero no había demostrado que la deuda estuviera resuelta para todo el universo alcanzado por el amparo.

En el expediente, instituciones cordobesas como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría denunciaron atrasos de varios meses que afectaban el pago de salarios, aportes y proveedores. El Cottolengo, incluso, informó que debió afrontar intereses ante la agencia tributaria por no poder cancelar obligaciones en término. Para el juez, esas situaciones mostraron que el conflicto excedía una cuestión administrativa y tenía consecuencias concretas sobre las entidades que atienden a personas con discapacidad.