Una nueva factura complica aún más a Adorni

La investigación judicial en torno a los vuelos privados que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acaba de sumar una prueba clave. Se trata de una nueva factura, emitida el 9 de marzo, el mismo día que trascendió el escándalo a través del periodista Carlos Pagni. Esa factura la emitió un broker de vuelos, Agustín Ismel Issin, a nombre del periodista Marcelo Grandio, el mismo que había abonado el vuelo de ida a Punta del Este a través de una empresa suya.

El nombre de Issin ya había aparecido en una de las dos facturas que entregó a la Justicia la empresa AlphaCentauri, propietaria del avión. En ese caso, era por un paquete de 10 vuelos y estaba fechada el 9 de febrero. ¿Cómo se explica? Issin es piloto pero además es socio junto a Jaquelina Edna Lowndes, conocida en el mundo aeronáutico como “Jaquie”, en la empresa Jag Aviation, un broker de aviones que adquiere paquetes de vuelos y luego los comercializa a privados como el caso de Grandio.

La factura del 9 de febrero, de 42.250 dólares, era por un paquete de vuelos en el que estaba incluido el vuelo de vuelta de Adorni. En ese caso, Issin aparecía con un doble apellido “Issin Hansen”, un CUIT de Uruguay, y un domicilio en el complejo GreenPark, en Punta del Este. También ya había trascendido la factura de ida, por 4830 dólares, emitida por AlphaCentauri a la productora Imhouse, de Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, amigo de Adorni, que alojó al funcionario en su casa de Uruguay.

La nueva factura, revelada por A24, esta fechada el 9 de marzo, el mismo día que Carlos Pagni habló del escándalo por primera vez en LN+. En el concepto solo dice “vuelo 17/02/2026 PDP-FDO”. Otro dato llamativo. El costo del viaje habría sido apenas 3000 dólares, 1830 menos que el vuelo de ida. “Se cubrió legalmente, la hizo ese mismo día cuando se dio cuenta lo que podía pasar”, razonó un operador aeronáutico que conoce de estos escándalos.

Si se confirman los datos que hasta ahora están en poder de la Justicia, el periodista habría abonado tanto el vuelo de ida como el de vuelta. En el capítulo del delito de cohecho, el Código Penal castiga al que “por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”.

Issin (46) es piloto corporativo. Voló aviones de línea de Latam y hoy trabaja para Consultatio. Según su página de LinkedIn, antes se desempeñó en Sunny Sky, Jet Clipper y American Logistic. También fue piloto de taxi aéreo (para la firma Royal Class) y maneja helicópteros.

Su participación en este caso se vincula con la empresa Jag Aviation, que comercializó los vuelos abonados por Grandio. Esa firma exhibe en su página web el avión Honda Jet, matrícula LVHWA, que se utilizó para transportar a Adorni y su familia en el fin de semana de carnaval.

La participación de la Jag Aviation ya era conocida por todo el mundo aeronáutico, incluso antes que trascendiera la factura. En el video que se filtró a los medios, y que ahora se sospecha fue grabado por una sindicalista de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), aparece una empleada de esa firma con un chaleco de color amarillo. Esa mujer acompaña a los pasajeros hasta la puerta del avión.

Esa misma empleada de Jag Aviation es conocida en el mercado porque se encarga de promocionar los vuelos a Punta del Este.

Las dos primeras facturas que trascendieron las entregó, a pedido del juez federal Ariel Lijo, la empresa Alpha Centauri S.A. “La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri, yo soy broker. Al vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”, dijo Issin ayer a LA NACION antes que se conozca la última factura.

Lijo solicitó además que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, incluidos los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto. También le pidió las imágenes de las cámaras de las empresas privadas. La mayoría ya avisaron que sus sistemas de seguridad no pueden almacenar más de 30 días.