Universidades: la Justicia obliga al Gobierno a aplicar la ley vigente
La Justicia federal le ordenó al gobierno de Javier Milei aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, en un fallo que representa un fuerte revés para la estrategia oficial de suspender su implementación. La decisión fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, que hizo lugar a una medida cautelar impulsada por el sistema universitario.
El magistrado Martín Cormick dispuso el cumplimiento “inmediato” de la norma y dejó sin efecto el decreto del Poder Ejecutivo que había frenado su aplicación. En ese sentido, el fallo ordena avanzar con la actualización de salarios docentes y no docentes, así como también de las becas estudiantiles, tal como lo establecen los artículos centrales de la ley.
La medida judicial se originó tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció el impacto negativo de la suspensión de la ley sobre el funcionamiento de las universidades. Según el planteo, la falta de actualización presupuestaria afectaba tanto el poder adquisitivo de los trabajadores como el acceso de los estudiantes a la educación superior.
🏫Financiamiento universitario. La Justicia confirmó que el Gobierno debe cumplir con la ley
— El Observador Argentina (@observadorar) March 31, 2026
⚖La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia y cuestionó la apelación del Poder Ejecutivo al calificar sus argumentos como… pic.twitter.com/GWKsxEdlNG
En sus fundamentos, el juez consideró que la decisión del Ejecutivo de frenar la norma podría ser “arbitraria” y contraria a la Constitución, al tiempo que advirtió sobre los “perjuicios graves” derivados de la pérdida salarial en el sector. También remarcó que la medida del Gobierno podría vulnerar el principio de división de poderes al intentar condicionar una ley ratificada por el Congreso.
El conflicto se remonta a la sanción de la ley en 2025, cuando el Congreso insistió con su aprobación tras el veto presidencial. Sin embargo, el Ejecutivo decidió promulgarla parcialmente y suspender su aplicación mediante un decreto, lo que derivó en una escalada de reclamos y protestas del ámbito universitario.
La resolución judicial, de carácter cautelar, estará vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva, pero ya obliga al Gobierno a garantizar los recursos previstos en la normativa. En este escenario, el fallo reaviva la tensión entre el Poder Ejecutivo y las universidades, en medio de un debate más amplio sobre el financiamiento de la educación pública en la Argentina.
