Violencia institucional: un mal que persiste, con foco en el centro porteño
El nuevo informe sobre violencia institucional del Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a poner cifras a un fenómeno que, lejos de retroceder, se mantiene en niveles elevados en la Ciudad. Con 2.670 hechos registrados durante 2025, los datos no solo confirman la continuidad respecto de 2024 (2.529 casos), sino que consolidan un piso significativamente más alto que el observado en años previos, como 2023 (1.632) y 2022 (1.616).
El relevamiento, elaborado a partir del trabajo de la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional (SLVI) y el área de Estadísticas del organismo, no se limita a cuantificar los casos. También reconstruye cómo, dónde y en qué condiciones se producen estos hechos, aportando una radiografía que pone el foco en los territorios en los que se produce y en las prácticas más frecuentes.
La noción de violencia institucional, utilizada desde los años 80 e inicialmente asociada a las violencias de la dictadura cívico-militar se encuentra en permanente evolución, según señala el MPD. Hoy, si bien el Estado es el responsable primario, se consideran hechos de violencia institucional incluso situaciones en la que la participación de agentes del Estado es indirecta, siempre que estas prácticas sean lesivas para los derechos esenciales de las personas.
Uno de los datos más contundentes del informe es la centralidad de la violencia física: el 75% de los hechos registrados la incluye. Sin embargo, rara vez aparece de manera aislada. En la mayoría de los casos se combina con violencia psicológica -entre amenazas, insultos o situaciones de hostigamiento- y con otras prácticas que afectan derechos básicos, como detenciones arbitrarias o condiciones inadecuadas de detención.
Pero es en el plano territorial donde el informe aporta uno de los elementos más relevantes para comprender la dinámica de estos hechos. Los datos muestran con claridad una concentración marcada en el centro porteño: 3 de cada 10 casos ocurren en la Comuna 1, que abarca barrios como Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución. Se trata de una proporción muy por encima del resto de las comunas, lo que convierte a esta zona en el principal foco de conflictividad.
Dentro de ese mapa, algunas dependencias policiales aparecen reiteradamente asociadas a los hechos. La Comisaría Vecinal 1C se mantiene como la jurisdicción con mayor cantidad de registros, mientras que la 1B muestra un crecimiento sostenido en su participación. Este último dato no es menor: la zona de cobertura de la 1B incluye el área del Congreso de la Nación, un punto neurálgico de movilizaciones sociales y protestas.
En ese sentido, el informe vincula el aumento de casos en determinadas áreas con la dinámica de las manifestaciones públicas. Las detenciones registradas en el contexto de protestas, muchas de ellas de carácter reiterado a lo largo del año, aparecen como un factor que incide directamente en la estadística.
Al observar el detalle por barrios, el patrón se vuelve aún más evidente. Zonas como Constitución y Monserrat, atravesadas por una fuerte circulación de personas, actividad política y presencia policial, concentran una parte significativa de los episodios. Lo mismo ocurre en áreas cercanas a nodos de transporte o espacios de alta visibilidad institucional. En contraste, las comunas más periféricas presentan una menor cantidad de registros, aunque el informe advierte que esto no necesariamente implica menor incidencia, sino que también puede estar vinculado a niveles más bajos de denuncia o de acceso a los dispositivos de asistencia.
Otro aspecto clave que surge del análisis es el rol de los dispositivos de registro. Los datos del MPD no provienen de denuncias policiales tradicionales, sino del trabajo directo con víctimas que llegan al organismo, ya sea por derivaciones internas o por presentaciones espontáneas.
En ese marco, el informe también pone en valor la tarea de la SLVI, cuyos equipos intervienen de manera interdisciplinaria para asistir, asesorar y acompañar a las víctimas. La recolección de testimonios, la orientación jurídica y la articulación con otras áreas del Estado forman parte de una estrategia que no sólo busca reparar situaciones individuales, sino también generar información para la toma de decisiones.
A la par de este trabajo específico, el MPD cumple una función más amplia dentro del Poder Judicial de la Ciudad: garantiza el acceso a la justicia y el derecho a la defensa de quienes no cuentan con recursos para afrontarla. Se trata de un organismo con autonomía funcional, que interviene tanto en el fuero penal, contravencional y de faltas como en el contencioso administrativo, representando a personas en situaciones de vulneración de derechos, ya sea frente a acusaciones penales o frente al incumplimientos del Estado en materia de salud, educación, vivienda o servicios.
En ese esquema institucional, la conducción está a cargo de la defensora general Marcela Millán, quien encabeza una estructura que combina equipos jurídicos e interdisciplinarios. Bajo su órbita se articulan áreas especializadas, como la dedicada a violencia institucional, que no sólo interviene en casos concretos sino que también desarrolla tareas de prevención, capacitación y producción de informes.
Entre sus tareas se incluye la de recolectar los testimonios de las víctimas de violencia institucional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, orientarlas en función de sus necesidades para el efectivo ejercicio de sus derechos, brindar asesoramiento jurídico, formular denuncias e implementar estrategias y acciones para visibilizar, identificar y denunciar las principales formas de violencia institucional ejercidas por las fuerzas de seguridad.
Y entre las problemáticas que aborda están las situaciones de trato degradante, cruel o inhumano; condiciones inhumanas de detención; uso abusivo o desproporcionado de la fuerza; violencia psíquica o física, sexual o de género y la negación del acceso a la atención médica y sanitaria.
