Se ratificó el robo de expedientes por funcionarios
"Estaba encargado de custodiar los expedientes. Estaban todos tirados en una oficina del séptimo piso. Los fuimos ordenando físicamente en estantes. Pero cuando fue el 30 de diciembre estaba en Puerto Madryn, así que quedo Magali Cutiña como responsable", testificó en el juicio por las víctimas de Cromañón, Hugo Ricardo Fernández, que actualmente empleado en el Ministerio Público y encargado del 2003 hasta principios de 2004 de controlar a los inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) y también de auditar el área a cargo del imputado Gustavo Torres.
Fernández, el último de los testigos en la audiencia del pasado miércoles, confirmó que fue forzada la puerta de la oficina donde se encontraban miles de expedientes "con los cuales no se hicieron nada? más que acomodarlos en estanterías.
A lecturas del expediente de primera instancia el testigo ratifico lo que le había expresado Magali Cutiña a pocos días del incendio de Cromañón. "Magali me dijo que fue Agustín Ledesma, asesor de Torres, quien forzó la puerta y se llevó expedientes de Cromañón. Torres después me reconoció ello, que él mandó a buscar expedientes con urgencia para entregarlos a la jueza de instrucción".
El segundo testigo de la jornada había manifestado que vio a Gustavo Torres el 31 de diciembre, a las dos de la tarde, cargando decenas de expedientes de la sede de la DGFyC en un auto, y que lo acompañaban dos personas, probablemente uno de ellos sería el asesor Agustín Ledesma, quien quizás siga trabajando en algún área del Gobierno de la Ciudad.
El justificativo que el ex funcionario Torres diera a su hombre de confianza fue derrumbado gracias a la pregunta del abogado querellante y padre de una víctima, José Iglesias. Él preguntó al testigo Fernández quién tenía la llave de la oficina donde descansaban los expedientes.
?La tenía Magali? fue la respuesta del hombre que redactaba informes al ex director de la DGFyC. Por lo que la violación violenta de una oficina gubernamental sin ningún tipo de directiva judicial o administrativa deja a las claras una acción sospechosa de quien se encuentra entre los imputados por la muerte de 193 personas.
El testigo Hugo Ricardo Fernández además de hacer informes para Gustavo Torres sobre las tareas de los inspectores, también conocía a la otra imputada Ana María Fernández, quien antes fue responsable de la DGFyC y pasó a la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI) que según él "era la misma estructura que la DGFyC". Fernández sigue trabajando en el Gobierno de la Ciudad y antes de llegar a la Ciudad fue consejal, intendente y empresario en Puerto Madryn.
El ex auditor Matías Barrotaveña otro de los testigos que pasó ante el TOC Nº 24 relató que nunca antes del 2004 se había hecho un informe sobre los boliches clase C en la Auditoria. Pero que cuando él ejerció como auditor corroboró "que del jefe de Gobierno -en ese entonces Aníbal Ibarra-, para abajo, la cultura del control no era tenida en cuenta".
