A un mes de la toma, la causa pasó a la justicia porteña
Las 204 viviendas ubicadas en Castañares y Lafuente, que fueron ocupadas durante el último fin de semana largo de marzo, continúan tomadas por familias que, aseguran, fueron estafadas por el IVC, y en 30 días nada parece haber cambiado.
El juez federal de Quilmes se declaró incompetente en la investigación, aunque no aplazó la orden de desalojo que había firmado el magistrado y que obligaba de igual modo al gobierno porteño y al Nacional.
La Justicia Penal y Contravencional de la Ciudad, por intermedio del juez Alfredo Durante y el fiscal Carlos Rafeto, está ahora a cargo. Durante tuvo un rol importante en sentencias que datan del 2009 sobre temas tales como cortes de calles en Capital y la inviabilidad de las candidaturas ?testimoniales?.
Además, el ministerio público porteño mediante el área creada especialmente para intervenir en casos de usurpaciones en la Ciudad, que integran los fiscales Luis Cevasco, Verónica Guagnino y Claudia Barcia, tendrá ingerencia en la causa.
Armella estaba a cargo de la causa en el marco del plan de saneamiento del Riachuelo ordenado por la Suprema Corte. Pero ahora, aceptó un planteo del ministerio de Seguridad de la Nación y se apartó.
En tanto, el Gobierno nacional asegura que el desalojo tiene que hacerlo la Policía Metropolitana, mas allá de que, en su momento, Armella haya estimado que la custodia de la Ciudad está a cargo de la Policía Federal y haya ordenado un desalojo conjunto entre ambas dependencias.
Según pudo saber NU, quedarían 70 personas en la toma y aproximadamente 25 chicos. Todos acceden a agua y alimentos pero viven sin electricidad y custodiados por un cerco de efectivos de la fuerza policial porteña.
