El trasfondo oculto de la ocupación

Los elementos necesarios para desencadenar el desastre se combinaron trágicamente la tarde del martes de la semana pasada. Allí se mezclaron mezquinos intereses políticos, tanto macristas como kirchneristas, la feroz interna de la Policía Federal y la legítima necesidad de vivienda de miles de porteños. Y el resultado de la combinación de esos factores hizo el resto. Los tres muertos y más de 30 heridos son apenas una parte del trágico saldo de los hechos sucedidos en Soldati.

El escenario de la violencia fueron las 130 hectáreas del Parque Indoamericano. La historia es conocida: una jueza ordena el desalojo del lugar que había sido ocupado por supuestas personas sin vivienda. Por ser un delito contravencional, actúa la Policía Metropolitana (PM) y el Gobierno de la Ciudad, ese día acuden al predio el ministro de Espacio Público, Diego Santilli, y el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, pero la gran cantidad de gente desborda a los miembros de la PM, que de esta manera pide ayuda a la Policía Federal y con la llegada de efectivos de esa fuerza se produce el enfrentamiento, las balas de goma, los golpes y los dos muertos.

Lo llamativo del hecho fue la inusitada violencia descargada por los miembros de las fuerzas del orden, más si se tiene en cuenta la cantidad de medios periodísticos y cámaras de TV que había en el lugar.

?Lo que hizo la Federal es irracional y de ninguna manera se trató de un exceso. Los canas no son tan tontos como para golpear a mansalva a una persona delante de las cámaras de TV, eso fue adrede y tiene una explicación lógica: la interna que existe en la institución. En la Policía Federal hay un gran malestar con el jefe, el comisario Néstor Valleca, y su jefe político, Aníbal Fernández. La causa se centra en la dilatada permanencia de Valleca en la jefatura. El comisario batió todos los récords de la era democrática, está en su puesto desde 2004 y en la cúpula desde octubre de 2003, cuando asumió como subjefe del primer titular de la Federal K, el comisario Rubén Prados. O sea que está en el poder desde hace siete años y eso sólo se explica por el aval político de Aníbal. En una estructura piramidal como la que lidera, la consecuencia de esto es la frustración de las camadas posteriores a la suya, que ante la permanencia del jefe en el cargo ven perder sus aspiraciones de sucederlo. Este no es un dato menor, ya que debido a la longevidad de su mandato, un número importante de comisarios no accedió a la sucesión lógica que siempre se dio en la fuerza y debió conformarse con un cargo menor o, en el peor de los casos, pasar a retiro. La regla no escrita de la Federal afirma que los jefes no duran un plazo mayor de tres años en el puesto. De esa manera, dan lugar a los que vienen detrás. Valleca rompió esa regla y a eso se sumó que, en los últimos tiempos, concentró una gran cuota de poder en su persona, no dándole lugar a otros?, le explicó a NU un comisario mayor de los azules.

Esa acumulación de mando tuvo una consecuencia lógica, que la fuente consultada por este medio se encargó de relatar y que desembocó en las muertes de Soldati. ?En estos casos la fuerza dirime la sucesión de la peor manera: provocando un hecho violento de gran repercusión pública, que sirve de mensaje para el poder político y de esa forma se producen los relevos. Un ejemplo de eso fue la matanza de diciembre de 2001, durante el gobierno de De la Rúa, la descomunal represión no sólo provocó la caída del Gobierno sino que arrastró a toda la cúpula policial. Por ese entonces el jefe de la Federal era Rubén Santos, un tipo no querido por la mayoría de sus pares. El mensaje fue tan claro que su sucesor fue un ?duro? como Roberto Giacomino. En este caso actuaron de la misma manera, desde hace meses existía en la Federal un reclamo por la sucesión de Valleca y la amenaza de un desborde policial callejero. Esos mensajes llegaron hasta el poder K pero no fueron bien interpretados. El desalojo en Soldati se convirtió en el suceso que los disconformes de la fuerza estaban esperando desde la muerte de Kirchner. La brutal represión y los dos muertos, que según los testigos que declararon en la causa fueron obra de la Federal, hicieron estallar el conflicto en el seno del Gobierno nacional. Fernández se dio cuenta enseguida de lo que significaban esas muertes y por eso retiró a la Policía del lugar y no volvió a enviarla al predio. La confirmación de que los muertos eran de la Federal la dio sin querer el Gobierno nacional al desafectar a seis uniformados, luego de producido los hechos. El temor por la insubordinación azul era claro y eso también lo observó la presidenta Cristina Fernández, que el viernes pasado le pasó factura al jefe de Gabinete al crear el Ministerio de Seguridad a cargo de una enemiga política del quilmeño, Nilda Garré, y poner bajo su mando todas las fuerzas de seguridad. La primera declaración de Garré fue determinante: habrá cambios en la cúpula de la Federal. El núcleo más duro de la pingüinera llegó a pedir la cabeza de Aníbal y hasta se barajó la posibilidad de que el santacruceño Héctor Icazuriaga, a cargo de la SIDE, reemplazara a Fernández en el Gabinete?, detalló el comisario.

La investigación judicial por los asesinatos de las tres personas está a cargo del fiscal de Instrucción Sandro Abraldes, en el marco de una causa que lleva el juez de Instrucción Eliseo Otero. La responsabilidad de las muertes del paraguayo Bernardo Salgueiro, de 22 años, y de los bolivianos Rosemary Curapeña, de 28 y Juan Castañeda Quispe, de 39, apuntaría a los agentes de la Federal.

Salgueiro murió de un balazo de 9 milímetros en el abdomen (y no de 8 milímetros, como se dijo en un principio). La autopsia señaló que el arma disparó el proyectil de forma frontal y que éste rebotó en algún objeto antes de impactar en el cuerpo. La víctima estaba manifestándose a pocos metros de los efectivos de la Federal.

Curapeña falleció poco después, pero ella no se encontraba entre los ocupantes, sino que estaba a unos 300 metros. En este caso, podría haber sido una bala perdida. El disparo le entró por la axila. Castañeda Quispe, que falleció el miércoles, murió de un tiro en el tórax que lo atravesó. ?Todos los testigos coinciden en que las balas fueron disparadas por la Federal?, señaló ante NU un colaborador del fiscal de la causa.

La Metropolitana tampoco se salva de los cuestionamientos. Según las declaraciones de varios de los vecinos de la villa de Los Piletones, que se encuentra pegada al Indoamericano, días antes de la ocupación del parque, la Policía porteña facilitó el ingreso de un gran número de personas armadas que tenían la intención de ocupar los terrenos pertenecientes a las Madres de Plaza de Mayo.

La permanencia en el lugar, pese a las amenazas de los habitantes de ese predio, provocó un pequeño enfrentamiento en donde los invasores hicieron uso de armas de fuego. La denuncia del hecho fue radicada por el abogado de las Madres, Sergio Schoklender, quien acusó a la PM por el incidente.

?La Policía liberó la zona para que punteros políticos del macrismo intentaran usurpar nuestro terreno?, declaró el letrado. Quienes quisieron copar el lugar venían del Bajo Flores, y por eso habló de elementos narcos y punteros macristas. El PRO dio el aval político a las ocupaciones sin quererlo, el domingo 5, en una declaración periodística, donde el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, anunciaba que la administración macrista entregaría títulos de vivienda a los habitantes de las villas porteñas.

Los oscuros punteros

La incentivación política de la ocupación tiene nombres y apellidos. NU habló con varios conocedores del submundo de la marginalidad en las villas. Todo comenzó en el Bajo Flores. No fue el martes 7, como oficialmente quedó registrado en todos los medios. La primera avanzada okupa fue en el Bajo Flores, exactamente en Vedia y Chilavert, en una canchita, el sábado anterior (5 de diciembre) por la tarde. Miguel Ángel Rodríguez, conocido con los apodos ?el Comandante? o ?el Turco?, impulsó la primera toma. Lo hizo a modo de presión por diferencias con funcionarios PRO de la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS).

El Comandante se instaló hace un tiempo en la villa terminal del narcotráfico. Se encuentra en pareja con la histórica delegada del PJ en la villa transa, Blanca Arce. Pero Rodríguez tiene sus vínculos con las villas y el Gobierno de la Ciudad hace varias décadas. Militó en los 70 en organizaciones peronistas combativas y, con la vuelta de la democracia, con Carlos Grosso, que lo designó en la Dirección de Tránsito.

De allí salió eyectado. Fue filmado con cámara oculta cobrando para tramitar licencias falsas de taxis. ?Ante sus familiares justifica que pagó con la Justicia para no mandar al frente a Grosso?, contó un allegado a su entorno familiar. Con esos antecedentes penales accedió a un destacado puesto con la empresa petrolera Pdvsa. Por entonces se definía chavista y operador político en la Villa 31, donde se jacta de tener una calle con su nombre.

En 2006 fue reciclado en el Ejecutivo porteño gracias a Claudio Freidin, titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Allí, ?el Turco? conoció a la entonces gerenciadora del IVC, Karina Leguizamón (en ese momento kirchnerista), hoy esposa del legislador de Recrear Enzo Pagani. El Comandante, con Pagani, suele andar de cafés por los bares del Microcentro, o se pasea por el Bajo Flores con el ministro de orígenes en Recrear, Esteban Bullrich.

La UGIS nació cuando el macrismo recicló el IVC. Todo el poder que controla las villas pasó a esta área, que conduce Humberto Schiavone, hombre que reporta al ex gobernador misionero Ramón Puerta. La UGIS hasta hace horas tenía bajo su poder el Parque Indoamericano, de hecho la denuncia por usurpación fue radicada por Schiavone. Entonces en la UGIS el rol del Comandante Rodríguez fue armar una tropa en las villas que responda al PRO. Así se vendió a los funcionarios y estos compraron.

Para armar la estructura de control en las villas tendió un acuerdo con Carlos Enrique, dirigente histórico en la Villa 31 que maneja los hilos de la Coordinadora de Villas y Núcleos Habitacionales. El armado de control tiene su base a través de las cooperativas (que en su funcionamiento real cuentan con un patrón) para obras menores al medio millón de pesos. Estas cooperativas quedaron en evidencia por su funcionamiento corrupto en el centro de evacuados para Villa Cartón en el parque Roca.

De estos negocios con falsas cooperativas, y hasta con empresas como Green, Ashira SA y Aparo Construcciones, están prendidos varios dirigentes villeros, entre ellos los nucleados en la Coordinadora de Villas, que fueron ibarristas a ultranza y luego telermanistas de la mano de Omar Abboud, entonces en el Ministerio de Desarrollo Social, hoy titular del IVC.

Todos los punteros reportan en la UGIS. Tanto Miguel Ángel Rodríguez ?así lo reconoció el propio jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta? como los integrantes de la Coordinadora de Villas. Esto es tan comprobable que hasta el patotero Marcelo Chancalay, corrido de la Junta Vecinal de Villa 20, tiene oficina propia en la sede de la UGIS en Lugano.

Otra de las tareas que Chancalay le brindó al macrismo, en el Indoamericano, quedó a la vista cuando custodió al subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, José Luis Acevedo, y en la noche del jueves fogoneó el caos. También Chancalay utilizó sus métodos violentos contra los opositores. Lo vivió en carne propia el ex legislador por la Coalición Cívica, Facundo Di Filippo, en una reunión realizada en la sede de la UGIS.

Enfrentar al cardenal

Otros punteros salieron a acorralar al líder de la Iglesia católica. Sectores del PRO no toleraron que el cardenal Jorge Bergoglio se haya opuesto al discurso de Macri contra los extranjeros. ?América latina es una Patria Grande que incluye a todos?, marcó la diferencia Bergoglio, en una declaración exclusiva a Noticias Urbanas, que realizó el último domingo.

El mismo domingo, frente a la iglesia San Juan Diego (en Castañares y Escalada), a las cinco de la tarde, una veintena de lúmpenes, varios de ellos con remeras del Club Nueva Chicago, bloquearon las calles con neumáticos incendiados y apedrearon a los autos. Los punteros políticos de los monoblocks del barrio Samoré, y algunos de Nagera, otro complejo de edificios, le prepararon la bienvenida al arzobispo de Buenos Aires a metros del parque Indoamericano.

Una de los que movilizó a los marginales contra Bergoglio y la parroquia San Juan Diego, según varias fuentes que consultó este medio, fue Esther ?Niti? Iglesias, ex directora de Corporación del Sur, que el propio legislador Cristian Ritondo reconoce como perteneciente a sus filas. También cargaron contra el arzobispo el larretista Juan Domingo Cristiano, que tiene un comité en Samoré; el ex director del CGP Nª 8 Gabriel Salas y hasta un ex gerente del IVC, Martín Gospedini.

El más jugado de los punteros fue un hombre obeso, de barba candado, que estuvo esperando ver al alto eclesiástico por más de una hora. No quería felicitarlo. ?Sos un cagón, hacete cargo?, le gritó. Bergoglio se paró y le contestó: ?Estoy metido hasta el cuello en la solución de este conflicto?. Los colaboradores del arzobispo descubrieron que el enviado a increparlo es el hermano de un reconocido dirigente pejotista ya fallecido y que es propietario de un taller textil clandestino.

Otro señalado como involucrado en incentivar el conflicto entre los vecinos del Indoamericano y los ocupas, fue el radical Norberto ?Beto? Larrosa, con peso territorial en Lugano desde hace años y cercano al influyente operador Enrique ?Coti? Nosiglia. Todo esto muestra que las responsabilidades apuntan a los políticos y a los policías.