CORREPI opinó sobre la nueva policía
Los apremios ilegales por parte de las fuerzas de seguridad, las represiones a movilizaciones y demás abusos policiales vienen siendo denunciados y difundidos por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que tiene trabajo en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires.
Con respecto a la nueva policía que se pretende poner en funcionamiento y por la que se realizará una consulta popular, CORREPI sección Sur dio a conocer su postura, que tiene como principal oposición que se conforme una fuerza armada para reprimir contravenciones y la posibilidad de la detención por averiguación de antecedentes.
Para CORREPI "la propuesta de Telerman indica que la policía contravencional o de faltas debería estar armada, con lo cual la persecución a las contravenciones causarían un peligro mayor al que supuestamente intentan evitar".
Con respecto a los otros proyectos presentados en la Legislatura por kirchneristas y macristas "añaden que esta nueva fuerza podría realizar detenciones por averiguación de identidad, facultad que viola claramente tanto la Constitución Nacional y de la Ciudad y el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Bulacio, que ordenó al Estado argentino poner fin a toda norma que permitiera detenciones arbitrarias.
Por la postura de Macri CORREPI no se puso a analizarla "por que es suficientemente conocida", palo, palo y palo. La de Filmus incluye la creación de una Policía de Tránsito, no por el grave problema de la inseguridad vial, sino para 'reasignar las funciones que cumple hoy la Policía Federal en esta materia', poner más efectivos en la calle tema mencionado dos veces en cuatro párrafos, que también es tratado por Telerman, sin que ninguno explique cómo evitaría el predecible aumento del número de muertos y heridos por gatillo fácil, 'fortalecer el control policial sobre la institución policial y el contacto del barrio con su fuerza de seguridad' mediante la adecuación de los límites de las comisarías a los de las comunas, sin explicar tampoco cuál sería la fórmula mágica que permitiría lograr esos objetivos mediante un simple rediseño de los límites de las seccionales. Por otra parte, ninguno de ellos menciona siquiera un tratamiento de los problemas de la seguridad en el trabajo o la seguridad alimentaría, entre otros muchos aspectos del problema".
CORREPI repasó la historia de la fuerza policial: "Desde la 'Sección Especial' contra comunistas y otros opositores, el represor de marchas en el primero de mayo, Ramón L. Falcón -cuyo nombre ostenta la Escuela de Cadetes-, como Leopoldo Lugones (hijo), a quien se le atribuyen las primeras utilizaciones represivas de la picana eléctrica en nuestro país; o como el coronel Calaza, quien desde el cuerpo de bomberos fue ejecutor (por orden presidencial) del único cierre del Congreso Nacional durante un gobierno constitucional".
Para finalizar los antecedentes de los "federicos" el organismo de derechos humanos recordó al "comisario general Alberto Villar" y otros efectivos vinculados a la Triple A; los numerosos centros clandestinos de detención (permanentes o transitorios) entre 1975 y el final de la última dictadura El Atlético, Olimpo, Orletti, entre muchos otros; la de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001; la de los brutales desalojos y represiones de los trabajadores de la textil Bruckman, de los habitantes del Padelai, de los manifestantes frente a la Legislatura y en numerosos escraches; la de centenares de asesinatos de gatillo fácil, torturas; la de las exacciones ilegales a vendedores ambulantes y personas en estado de prostitución; la de las causas fraguadas, en tal número que llevaron a que a fines de junio de 2000 el Ministerio Público de la Nación creara la 'Comisión Investigadora de Procedimientos Policiales Fraguados'; y la de la corrupción contra sus propios integrantes, que llevó a la remoción de uno de los últimos jefes de la fuerza".
