Basura: el nuevo pliego porteño pone en jaque a las cooperativas

El Gobierno de la Ciudad convocó a una audiencia pública, que contó con más de 1500 oradores, para adelantar los principales lineamientos del futuro pliego del servicio de higiene urbana que contempla la recolección de 6300 toneladas de desechos por día y que comenzará a regir en 2028, cuando finalicen los contratos vigentes.

La propuesta contempla cambios en la organización territorial, nuevos mecanismos de control y una reformulación del esquema de recolección diferenciada, pero el punto que concentró buena parte de las críticas de los participantes fue el papel que tendrán las cooperativas de recuperadores urbanos.

De acuerdo con la presentación del Ejecutivo porteño, el objetivo es actualizar un servicio de fuerte impacto en la vida cotidiana de la Ciudad y mejorar su funcionamiento. Uno de los cambios será la organización territorial: las actuales siete zonas pasarán a ser ocho, con áreas más compactas.

También se incorporará la evaluación de los vecinos y nuevas herramientas para controlar recorridos, frecuencias y cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias.

El principal foco de conflicto está, sin embargo, en los residuos secos destinados al reciclado. El diseño propuesto establece que su recolección quede a cargo de las empresas concesionarias y contempla que los centros verdes también pasen a estar bajo su órbita. Las cooperativas advierten que ese cambio puede afectar la continuidad de los recuperadores urbanos dentro del sistema y dejar en manos privadas una actividad que vienen desarrollando desde hace más de dos décadas.

En la Ciudad funcionan 12 cooperativas que reúnen a unos 6.500 trabajadores. Muchas se consolidaron a partir de la crisis de 2001, cuando miles de personas comenzaron a recorrer las calles en busca de materiales reciclables para sostener a sus familias.

Con el tiempo, aquellas experiencias se transformaron en organizaciones que incorporaron capacitación, clasificación, logística y comercialización, además de tareas vinculadas con la separación en origen y la educación ambiental. Ese proceso terminó convirtiéndose en una parte estable del sistema formal de reciclado porteño.

La audiencia pública quedó además envuelta en una fuerte controversia por su organización. El Gobierno porteño convocó a unos 1.500 oradores para una única jornada que comenzó el lunes 5 al mediodía. Hubo inconvenientes para acceder a la reunión virtual y la exposición de los funcionarios se extendió durante más de dos horas. Cerca de las 22 comenzó a plantearse la necesidad de pasar a un cuarto intermedio, pero la definición llegó recién alrededor de las dos de la madrugada, cuando se informó que el debate continuaría el jueves al mediodía.

En ese contexto, buena parte de las intervenciones críticas se concentró en el futuro de los recuperadores y en el destino de los materiales reciclables. Una de las objeciones que se repitió fue que el nuevo esquema podría terminar transfiriendo a empresas privadas el control de los residuos secos y de su comercialización, mientras las cooperativas que construyeron buena parte de ese circuito quedarían relegadas.

Sergio Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Carreros, reivindicó la historia del sistema cooperativo y recordó que comenzó a consolidarse después de la crisis de 2001, a partir del trabajo conjunto con distintos gobiernos porteños. Señaló que las cooperativas participaron del desarrollo de la recolección diferenciada y de iniciativas como las promotoras ambientales y cuestionó que ahora deban competir con grandes empresas para conservar un lugar dentro de un sistema que ayudaron a construir.

“No queremos que las empresas lo vengan a comandar”, afirmó Sánchez. También reclamó que, así como se les exigen determinadas condiciones, se les garanticen los recursos y herramientas necesarios para cumplirlas. “Somos trabajadores, no cualquiera mete las manos en la basura”, sostuvo, al reivindicar una actividad que se mantuvo durante años y también durante la pandemia.

Desde la Cooperativa El Álamo, Alicia Montoya cuestionó el proyecto del Ejecutivo y comenzó su exposición con una crítica al formato de la audiencia, a la que definió como “un simulacro de democracia”. Su exposición apuntó a las dificultades para que vecinos y trabajadores puedan acceder y participar de una discusión sobre un pliego extenso y reclamó un debate público con los equipos técnicos de las cooperativas.

Montoya defendió la construcción histórica del sistema de recolección diferenciada y rechazó que sus dificultades actuales puedan utilizarse para desplazar a los recuperadores. “Hay muchas cuestiones para mejorar, sin dudas, pero no creo nunca que eliminar a los cartoneros, que sacar la posibilidad de trabajo, sea una herramienta que tenga que proveer el Estado”, sostuvo.

La dirigente sostuvo además que los problemas actuales no pueden atribuirse al trabajo de los recuperadores. “Nunca vi gente que trabaje tanto como un cartonero”, afirmó, y denunció situaciones de persecución y violencia en la vía pública, especialmente en el Microcentro. Su intervención terminó con un pedido por un modelo de “reciclaje con inclusión social”.

Elizabeth, trabajadora social y administrativa de un centro verde, planteó una preocupación similar. Señaló que la licitación conjunta de residuos húmedos y secos puede afectar el componente de inclusión social del sistema y sostuvo que deberían escucharse las experiencias de quienes trabajan cotidianamente en la recuperación.

Las críticas fueron acompañadas por organismos de control. Mariana Gagliardi, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, señaló que los informes vienen detectando problemas reiterados en la prestación del servicio.

Cuestionó la extensión de los contratos y las sucesivas adendas que modificaron obligaciones originales y terminaron trasladando al Estado costos que correspondían a las empresas, como la compra y reposición de contenedores y la renovación de vehículos.

La titular de la Auditoría señaló que las metas de reciclado están lejos de cumplirse. También observó una fuerte caída en la captación de residuos secos por parte de los centros verdes y la relacionó, entre otros factores, con la reducción de los sitios y la discontinuidad de acciones de educación ambiental.

Desde la Defensoría del Pueblo, Federico Mario Ganora concentró su exposición en la continuidad de las cooperativas. Advirtió que permitir formalmente su participación en la licitación no alcanza si los requisitos técnicos y financieros las colocan en una situación desigual frente a los grandes operadores privados.

En ese sentido, destacó el conocimiento territorial acumulado durante años, los vínculos con vecinos y generadores y la experiencia en clasificación y comercialización de materiales como capacidades que deberían ser consideradas al definir a los futuros prestadores.

Ganora recordó además que la legislación porteña reconoce a los recuperadores dentro del sistema de recolección diferenciada y contempla la preexistencia de cooperativas y mutuales. Por eso reclamó que su continuidad no quede planteada como una posibilidad, sino como una obligación concreta y verificable.