Con casi 1.000 iniciativas en marzo, la Legislatura plantea su agenda del año
La Legislatura arrancó el año con una intensa actividad que, en apenas un mes, dejó un saldo de 985 proyectos presentados entre el primero y el último día hábil de marzo. La cifra da cuenta tanto de la diversidad de agendas en disputa como de la dinámica política de un parlamento en el que todavía no fue definida la fecha de su primera sesión ordinaria, pero en el que ya se comenzaron a poner en marcha los engranaje legislativos al haberse constituido de las comisiones, tras semanas de negociaciones por sus presidencias.
Del total de proyectos ingresados, 327 corresponden a declaraciones, 300 a resoluciones y 285 de ley, mientras que el resto proviene de organismos como la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General, organizaciones sociales y vecinos. En términos de productividad legislativa, se destacan las diputadas Claudia Neira y Victoria Freire como las más activas, mientras que otros políticos más resonantes, como Horacio Rodríguez Larreta, aún no presentaron propuestas en este inicio de ciclo.
En paralelo, el Poder Ejecutivo también hizo su aporte con una docena de iniciativas impulsadas por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, entre las que sobresalen la creación de un Distrito de Inteligencia Artificial en la Ciudad y la modificación de la Ley Impositiva para corregir inconsistencias en el cobro de patentes. A éstas se suman proyectos vinculados con cambios en el sentido de circulación de calles, mientras que la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, acercó medidas en torno a la fecha alusiva al “Día del Niño por Nacer”.
La batería de proyectos incluyó, además, una amplia cantidad de pedidos de informes sobre políticas públicas sensibles: desde el funcionamiento del programa Ciudadanía Porteña y el régimen de becas estudiantiles, hasta las políticas de alquiler, el master plan del Distrito Joven en Costanera Norte, la atención en salud mental del SAME, el tratamiento de residuos sólidos, los desalojos de inmuebles y la integración de barrios populares.
Entre las iniciativas de mayor peso institucional aparece la del legislador Facundo Del Gaiso, que impulsa la creación de una mesa de trabajo para analizar una eventual reforma de la Constitución porteña, a casi 30 años de su sanción. El proyecto plantea la participación conjunta de legisladores, representantes del Ejecutivo, del Poder Judicial y expertos en la materia, con el objetivo de evaluar modificaciones al texto vigente.
Desde la oposición, Claudia Neira propuso la creación de una Oficina de Presupuesto de la Legislatura, un organismo técnico destinado a analizar las estimaciones de ingresos, gastos y deuda pública contenidas en el proyecto de ley anual, en línea con experiencias similares a nivel nacional e internacional.
En el plano social, uno de los proyectos más relevantes es el de Sergio Siciliano, que apunta a regular y prevenir la ciberludopatía infantojuvenil. El texto en análisis establece un marco integral para la identificación, concientización y abordaje de la adicción al juego online en niños y adolescentes, incluyendo medidas de control sobre plataformas ilegales.
Por su parte, desde La Libertad Avanza, Pilar Ramírez insiste con una “Ley Bases” para la Ciudad, orientada a reducir la estructura estatal, simplificar trámites, ampliar el alcance del silencio administrativo positivo y avanzar en la digitalización de procesos. En el mismo espacio, también se promueve la derogación de la ley que dio origen al Instituto de la Vivienda y un proyecto para adaptar la normativa local en materia de baja de imputabilidad, incorporando penas alternativas y mecanismos de reparación a las víctimas.
En materia de planificación urbana, Bárbara Rossen impulsó la desafectación del predio donde está ubicado el complejo penitenciario de Villa Devoto -que mudaría sus instalaciones en este 2026-, para destinar el 80% del terreno a espacios verdes y el 20% restante a la renovación urbana, en respuesta a la histórica demanda vecinal por más áreas ambientales.
También en clave urbana y laboral, Federico Mochi promueve la creación de estaciones de descanso para repartidores y mensajeros, con infraestructura para estacionamiento seguro, conectividad y recarga de dispositivos, buscando ordenar el uso del espacio público en zonas de alta circulación.
Otra iniciativa con fuerte impronta reparatoria es la de Graciana Peñafort, que propone indemnizaciones para familiares de trabajadores fallecidos por exposición al asbesto en el subte y el premetro, un tema que tomó relevancia en los últimos años por sus implicancias sanitarias y ambientales.
En el amplio abanico de proyectos se incluyeron también propuestas de carácter más específico o simbólico. Delfina Velázquez impulsó la creación de un Museo de la Diversidad para visibilizar la historia y las luchas del colectivo LGBTIQ+, mientras que Graciela Ocaña planteó la instalación de un cementerio público de animales, con regulación sanitaria y ambiental para la disposición de sus restos.
En el plano electoral, Manuela Thourte, de la UCR, recomendó eliminar la prohibición de venta de alcohol durante los comicios, al considerar que se trata de una restricción desactualizada, que genera perjuicios económicos sin impacto comprobable en el normal desarrollo de la jornada. En tanto, Berenice Iañez apoyó la habilitación para la postulación de extranjeros como miembros de juntas comunales.
Proyectos vecinales y debates por la identidad urbana
El protagonismo ciudadano también se refleja en iniciativas impulsadas por vecinos y organizaciones. En Almagro, un grupo de residentes de la zona impulsó la compra de un predio para convertirlo en una microreserva urbana, ante la falta de espacios verdes, mientras que en Coghlan, los vecinos quieren que haya un parque en un terreno abandonado sobre la avenida Congreso, adonde alguna vez funcionó un supermercado.
A su vez, la Unión de Kiosqueros presentó un proyecto para regular la instalación de locales, estableciendo una distancia mínima de 200 metros entre cada negocio del ramo.
La discusión sobre la identidad urbana aparece con fuerza en los proyectos de nomenclatura de calles y espacios urbanos. Una decena de iniciativas buscan modificar nombres de calles, estaciones de subte y espacios públicos. Entre ellas, se destaca la propuesta de renombrar un tramo de la calle Leopoldo Basavilbaso como Gustavo Cerati, en homenaje al músico, así como existe otra iniciativa para denominar “Pueblo Nación Querandí” al acceso al sitio arqueológico La Noria.
En contraposición, uno de los proyectos más controversiales busca eliminar el nombre de Rodolfo Walsh de la estación Entre Ríos de la Línea E, en un debate que vuelve a poner en tensión el vínculo entre memoria, política y espacio público.
