Jueza denunciada por amenazas y discriminación

El retiro de la vía pública por mal estacionamiento del vehículo particular de la titular del juzgado Nº 28 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Rosa Elsa Parrilli, generó la molestia de la magistrada quien dirigió su enojo a dos empleadas del Cuerpo de Agentes de Tránsito, quienes denunciaron hechos de violencia verbal, amenazas y discriminación. El hecho motivó la denuncia del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, cursando vista al Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

"Me presento a efectuar la presente denuncia con el fin de que se investigue la efectiva comisión de hechos que se detallan a continuación y que podrían ser constitutivos de delitos de acción pública", expresa la denuncia firmada por Montenegro y a la que tuvo acceso NU:

Los hechos, descritos con detalle por las denunciantes Rocío Gómez y Matía Itatí Albe, y documentados fílmicamente ocurrieron el pasado 15 de septiembre, aproximadamente a las 15:50, cuando "ingresa de manera abrupta a la playa de infracciones, más específicamente dirigiéndose a la cabina de documentación" donde las agentes controlan la documentación de los vehículos removidos por estar en infracción en la vía pública.

"Una señora, que luego se identificaría como Rosa Elsa Parrilli, bastante ofuscada y con muy malos términos al dirigirse hacia nuestra persona y nuestra función, despreciativa, prepotente y autoritaria; alegando a cada momento ser jueza y que la que daba las órdenes en este recinto era la misma, que de inmediato obedeciéramos lo que decía o no terminaríamos muy bien, que al ser jueza no le podrían acarrear el vehículo, que por el cargo que ocupa nunca paga nada y esta no sería la excepción, que en ese mismo instante y sin hacerle perder más tiempo le hiciéramos entrega del vehículo", describe el relato de las agentes.

El relato de las empleadas del Gobierno porteño y reproducido en la denuncia penal presentada por Montenero, se resalta con negrita que la magistrada "las insultaba diciendo 'tontita no te das cuenta quien manda acá'; 'no sabés con quien te estás metiendo'; 'yo no tengo que ir a ningún tribunal de faltas ya que a ellos también los mando yo'; 'ganan mil doscientos pesos para hacer esta mierda'. Tras retirarse para realizar el trámite debido regresó a las cabinas y nuevamente agredió a las empleadas, arrojando el oficio que traía de los controladores de infracciones y diciendo: "Te hubiera metido un cachetazo por hacerme perder el tiempo, no te das cuenta tontita que te dije que acá mando yo".

"Haciendo caso omiso al pedido de que cesaran los insultos, nos dice que lo único que pedía es que caigamos en su jurisdicción y que se encargaría personalmente de meternos presa por 8 meses y que era de preverse el mal momento que estaba pasando ya que siempre contrataban morochitas y nunca había una rubia en el lugar. Por la forma prepotente, autoritaria, violenta, pero sobre todo discriminativa y amenazante de la Sra. Jueza es que decidimos ponerlos al tanto de la situación", concluye la nota firmada por Rocío Gómez.

La denuncia ante la Justicia destaca que "sobre los acontecimientos relatados precedentemente existe filmación al respecto" y que "en la filmación se observan las imágenes de lo acontecido y se puede escuchar el audio registrado".

"Remarcando la gravedad institucional que provoca la comisión de los hechos denunciados, en caso de que los mismos fueran verificados, por parte de la persona que los cometiera y por el cargo que ocupa; pretendiendo que en el futuro no se reiteren los mismos ante situaciones similares [?] es que formulo la presente denuncia y requiero su debida investigación ", concluye Montenegro, rematando el escrito con la consabida frase "será justicia".

La denuncia, la filmación, el relato de las agentes y el historial de la infracción cometida por la jueza (su vehículo fue retirado por estar estacionado en una ochava en la zona de Rodríguez Peña y Lavalle) fue remitida el pasado 24 de septiembre al Consejo de la Magistratura de la Ciudad, señalando que los hechos señalados "podrían ser constitutivas de delitos penales" lo que podría generar una sanción por parte del órgano judicial.

Será la Comisión de Disciplina y Acusación la que deberá analizar el tema, la gravedad de los hechos y las sanciones que podrían ser aplicadas sobre la jueza porteña.